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por Camilo Filártiga. 4 de octubre de 2024.

Definimos al sistema de partidos como el conjunto de agrupaciones políticas que compiten, cooperan y se relacionan entre sí en un sistema político determinado. Los partidos políticos constituyen un elemento indispensable para el funcionamiento democrático. Toda democracia moderna gira en torno a un sistema de partidos en el que, al menos, dos de ellos compiten libremente por el poder. (Payne, 2006)

Dicho lo anterior, el funcionamiento de un sistema de partidos dice mucho del régimen en el que opera. Un sistema de partido hegemónico o, peor aún, de partido único, es propio de regímenes autocráticos o totalitarios. Así como, sistemas bipartidistas o pluripartidistas, pueden dar cuenta de democracias dinámicas, competitivas, donde, la alternancia en el poder es una constante. La forma como los partidos cooperan y se relacionan es directamente proporcional a la calidad del régimen democrático. 

En la literatura sobre partidos, el sistema de partidos paraguayo ha sido caracterizado junto a Colombia, Honduras y Uruguay como de tipo oligárquico, organizados de manera vertical, son multiclasistas y están guiados por élites sociales y políticas que se vinculan a electorados de clase baja por redes patrón-cliente. (Roberts, 2002)

Marcelo Cavarozzi, por su parte, ubica al Paraguay junto a México y Argentina, entre los casos en los cuales los partidos tradicionales no pudieron sobrevivir al derrumbe del sistema oligárquico (siglo XX), sucumbiendo finalmente al predominio de los militares. Este tipo de configuración se caracterizó por la presencia de hegemonías unipartidarias, es el caso del sistema paraguayo desde 1947 hasta 1989. 

La etapa competitiva del sistema de partidos, inicia en 1989. En este período, el cambio de reglas electorales fue determinante para elevar los niveles de competitividad electoral. Desde la propia formulación constitucional de la “democracia representativa, participativa y pluralista”, hasta la inclusión de la representación proporcional, pasando por la obligatoriedad del voto en partidos y organizaciones intermedias, daban cuenta de una idea muy potente de dinamizar la faz electoral de la democracia y de promover una mayor pluralidad en la competencia política. 

La constitución paraguaya de 1992 define la nueva institucionalidad electoral, con la creación del órgano rector electoral, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, estableciendo su conformaciòn y asignando a sus miembros similares criterios de elección y remoción previstos para los Ministros de la Corte Suprema de Justicia. 

Como bien indica Rafael Filizzola, en su reciente libro “Partidos Políticos, democracia y gobernabilidad”, La constitución permitió, en los años posteriores, avances importantes en materia de justicia independiente, procesos electorales más limpios, transparencia de la administración pública y acceso a la información. Filizzola resalta en este punto una idea central para la transición: la subordinación militar al poder civil fue una realidad debido a claras disposiciones constitucionales que tenían como objetivo desterrar los factores que habían impedido a lo largo de la historia la consolidación de una democracia. 

Estas importantes reformas introducidas hizo que surjan – durante la última década del 90 y primera del 2000 – diversas organizaciones partidarias “independientes” a las tradicionales, que ocuparon de forma protagónica la competencia política, y lograron ofrecer una mayor pluralidad de opciones políticas al electorado. A criterio de algunos especialistas, se pasó de un sistema hegemónico excluyente a un pluripartidismo (Morínigo, 2020)

Esta tendencia se proyectó hasta el año 2013. Partidos o coaliciones del tercer espacio, bien organizados, en su mayoría, con una orientación ideológica definida, concentrados en la capital y algunas capitales departamentales, dependientes –en extremo- de liderazgos personalistas, con débiles vínculos en los territorios y en algunos casos, escasa estructura interna. Nunca amenazaron realmente la predominancia colorada, pero sí lograron ocupar bancas en el congreso y convertirse en fuerzas nada despreciables en algunos momentos.

Este panorama del sistema partidario nacional ha cambiado en las elecciones 2018 y, sobre todo, en estas últimas, donde se registra un viraje nuevamente, hacia la predominancia excluyente del Partido Colorado en la competencia política, con partidos de oposición con débil representación legislativa y -casi inexistente vida interna partidaria- nuevos partidos del tercer espacio –desorganizados, sin idearios claros ni liderazgos predecibles- sustituyeron a partidos que tenían disciplina legislativa, liderazgos tradicionales y un hoja de ruta más previsible. 

La aparición de nuevas fuerzas políticas como Cruzada Nacional y Yo creo o el movimiento Ciudadanía Activa, tienen en común su origen territorial, los primeros en el Este del país, disputando con éxito el poder local a los colorados y liberales y el tercero en Encarnación ciudad capital del departamento de Itapúa, cuya gobernación está a cargo de una alianza de partidos de oposición liderada por el PLRA. Estos fenómenos deben tenerse presentes para analizar la compleja conformación actual de ese bloque cada vez más heterógeneo, llamado oposición. Estas fuerzas políticas, sin embargo, siguen siendo todavía incipientes y muy débiles en cuanto a su estructura interna, dependientes en extremo de liderazgos personalistas. 

El crimen organizado y el narcotráfico financiando de manera abierta campañas políticas y poniendo a sus “capangas” en cargos de representación, ensombrecen todavía más el panorama y obligan a revisar de manera sistémica los mecanismos de control del financiamiento político, ya no como parches aislados (2012-2018-2020) sino con una lectura conjunta del funcionamiento de todo el sistema electoral, esfuerzo que es urgente y debe ser abordado por las fuerzas políticas a fin de garantizar medianamente la integridad de los futuros procesos electorales. 

Este artículo fue publicado originalmente en el Diario Última Hora el 23 de septiembre de 2024

por Robert Marcial González. 26 de junio de 2024.

La realidad política de Occidente en general y de América Latina en particular, no hace sino corroborar que la Democracia Constitucional, en su concepción tradicional, se encuentra en crisis y está siendo amenazada. Ahora bien, mal haríamos los ciudadanos en responsabilizar de la crisis únicamente a los nuevos enemigos de la democracia dados por el narcotráfico, el crimen organizado, los populismos y los nacionalismos.

Si bien la corrección política y la cultura de la cancelación impuestas en la actualidad en todos los niveles genera mecanismos de censura y auto censura muy eficaces, de tanto en tanto es necesario e importante dejar en evidencia a quienes socavan los cimientos de la democracia desde las propias instituciones diseñadas para salvaguardar a la democracia.

Precisamente, la Asamblea General de la OEA que se celebra en Asunción, Paraguay mientras esbozo estas líneas, constituye un ejemplo revelador de lo que acabo de apuntar más arriba. En efecto, como parte de la Asamblea, la OEA debe elegir a jueces que integrarán la Corte Interamericana de Derechos Humanos para llenar las plazas que se encuentran vacantes.

Entre los candidatos a ocupar un curul en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra el Dr. Diego Moreno Rodríguez Alcalá, reconocido académico, connotado profesional y extraordinario jurista de nacionalidad paraguaya quien no solo está sobre calificado para el cargo sino que además, mostrando un atípico compromiso con los valores que identifican a la Democracia Constitucional, realizó un esfuerzo titánico para dialogar con todos los sectores y actores relevantes (universidades, gremios, parlamentarios, dirigentes, académicos, líderes de la sociedad, medios de comunicación, etc.) locales e internacionales, tanto para compartir su plan de acción y sus proyectos de gestión como para someterse al escrutinio público y brindar todas las explicaciones en torno a los más variados asuntos sobre los cuales podía ser consultado o cuestionado.

Pese a ello, un “Comité de expertos” (las comillas no solo refieren literalidad) funcional a la cada vez menos eficiente burocracia llena de ritos vacíos y pleitesías cortesanas que adornan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mostró su “preocupación” (aquí sí las comillas indican solamente literalidad de la expresión) y puso en tela de juicio la objetividad del Dr. Diego Moreno Rodríguez Alcalá alegando, básicamente, dos motivos: i) que actualmente, de manera circunstancial, un hermano suyo ocupa un cargo en el Poder Ejecutivo; y, ii) que entre los múltiples aportes académicos (todos serios y rigurosos) del candidato, encontraron algunas líneas críticas hacia la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Permítanme los “expertos” (aquí las comillas nuevamente van más allá de la literalidad) que integran el Comité funcional a la burocracia del sistema interamericano, que, buscando devolverles algo de la tranquilidad que perdieron, refiera algunas líneas acerca de la “preocupación” (aquí las comillas vuelven a indicar únicamente literalidad) que exteriorizaron y con la cual pretenden descalificar al más destacado jurista paraguayo de la actualidad.

En primer lugar, antes que descalificar de manera mezquina e infundada a un ciudadano notable que posee autoridad moral, solvencia intelectual y trayectoria no solo para ocupar el cargo sino para enaltecer a la muy desprestigiada Corte Interamericana, bien podrían dirigir sus preocupaciones hacia temas tales como la alta morosidad de la Corte, la falta de respuesta eficaz del organismo internacional, los avances autoritarios justificados por “jurisprudencias” de dudosa legitimidad republicana que utilizan los Derechos Humanos como caballo de Troya para imponer agendas que muchas veces contradicen las Constituciones de los Estados soberanos o que directamente son funcionales a agendas de grupos de poder fáctico, hacia la mirada auto referencial cuasi autista de un grupo de guardianes platónicos incapaces de administrar con altura la crítica ciudadana a sus decisiones, por citar solo algunos de los muchos puntos que podrían justificar mejor la mentada “preocupación”.

En segundo lugar, para tranquilidad de los expertos, la preocupación no se justifica en el caso concreto ni subjetiva ni objetivamente pues el Dr. Diego Moreno Rodríguez Alcalá es un jurista de nota que se ha preparado con dedicación, responsabilidad y elevado grado de compromiso ciudadano para ocupar cualquier cargo público o privado de envergadura. Pocos como él en toda Latinoamérica y ningún otro en Paraguay, están mejor calificados para honrar el alto privilegio que representa ser Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ligado a Universidades de prestigio y reconocimiento mundial como Bolonia, Columbia o Salamanca en la cual se doctoró, el Profesor Diego Moreno es poseedor de un bagaje académico y cultural atípicos en nuestros días. Es un trabajador incansable que, pudiendo dedicarse únicamente a ganar dinero ejerciendo la profesión de Abogado, se ha comprometido siempre con la sociedad colaborando de manera desinteresada para generar felicidad colectiva y mejorar el entorno desde la docencia, la cátedra e incluso, integrando espacios de construcción cívica como el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional.

Pero ante la eventualidad de que los integrantes del “Comité de expertos” sigan golpeándose el pecho y estirándose de los cabellos producto de su preocupación, permítanme agregar que Diego Moreno Rodríguez Alcalá proviene de una familia de al menos 4 generaciones de juristas y referentes culturales de enorme prestigio aquí en el Paraguay y también en el mundo. Por doble vía (paterna y materna) y varias generaciones, Diego Moreno forma parte de una familia ejemplar, comprometida, digna, trabajadora, aplicada, que prestigia al Paraguay a nivel mundial prácticamente desde su independencia misma.

En tercer lugar, es prudente remarcarle / recordarle a los “expertos”, que sus preocupaciones no cuentan con aval normativo ni constitucional. Dicho de otro modo, entre sus “preocupaciones” y los caprichos de un niño de 3 años que realiza un berrinche para conseguir su objetivo, no existe ninguna diferencia. Poner en duda la honorabilidad, la integridad o la objetividad de un ciudadano ejemplar so pretexto de que “recibieron reportes” que nadie conoce y que nadie transparentó, constituye una afrenta y un manoseo no solo al Dr. Diego Moreno sino a todos los que confiamos en la Democracia Constitucional y tratamos con esfuerzo de honrar sus valores y principios. Es sencillamente inaceptable que rumores infundados y no explicitados tengan más peso que la trayectoria impecable, coherente y comprometida de un ciudadano a carta cabal.

En cuarto lugar, sepan los preocupados expertos que, como pocas veces en un país signado por el autoritarismo y las divisiones, una candidatura ha recibido tanta adhesión de sectores heterogéneos y dispares políticamente. La postulación del Dr. Diego Moreno Rodríguez Alcalá llena de orgullo a propios y extraños mal que les pese a los esclavos de la consigna siempre dispuestos a descalificaciones infundadas y viscerales.

Pese a que podría seguir enumerando razones inapelables para devolverle la tranquilidad a los preocupados expertos que velan por la correcta integración de la Corte Interamericana, me quedo por aquí no sin antes remitirles a un lúcido aporte realizado sobre el mismo tema por otro notable jurista paraguayo, Manuel Riera Domínguez, https://medium.com/@manuelrierad/la-guerra-de-las-falacias-0a837cdf638c titulado con elocuencia y lucidez “La guerra de las falacias”.

Ruego sepan disculpar el tono un tanto destemplado de mis cavilaciones pero estimo que resulta de fundamental importancia desenmascarar a quienes se visten con ropajes de demócratas pero encubren un espíritu y una mentalidad colonialista o autoritaria a partir de la cual descalifican a todo aquel que ose levantar una línea crítica o a todo aquel que pueda amenazar la parcela de poder desde la cual pretenden evangelizar verticalmente sin tener en cuenta el daño que el pensamiento único genera en la convivencia democrática.

En tiempos de narrativas dominantes montadas sobre falacias, desinformaciones maliciosas y silencios cómplices es fundamental que la ciudadanía ejercite con intensidad el pensamiento crítico aunque más no sea para que los especialistas en mandar sepan que no nos toman del pelo impunemente.

Una célebre anécdota literaria cuenta que un gran intelectual, al ser consultado sobre si lamentaba que a Borges le hayan negado el premio Nobel, respondió “Borges no se quedó sin el Nobel, el Nobel se quedó sin Borges”.

Hago fuerzas para que la OEA no incurra en el desatino de relegar al Dr. Diego Moreno Rodríguez Alcalá por el malicioso e infundado comentario que los “expertos” introdujeron en su informe. Hago fuerzas para que las personas encargadas de seleccionar al próximo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tengan la lucidez de elegir al Dr. Diego Moreno Rodríguez Alcalá quien, no solo honrará el cargo sino que le devolverá humildad republicana a un espacio tan valioso para la protección de garantías y libertades. Hago fuerzas, en definitiva, para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no pierda la brillante oportunidad de sumar entre sus filas a un jurista de nota que ayudará a templar las bienintencionadas pero muchas veces cuestionables decisiones que se toman desde ese importante organismo supranacional creado para fortalecer los sistemas democráticos y no para restituir proyectos colonialistas.

por Robert Marcial González. 21 de agosto de 2024.

En las últimas tres semanas, los integrantes del movimiento político oficialista (HC) que sirve de soporte al Presidente del Paraguay (a estas alturas resulta ocioso seguir aclarando que me refiero a quien ejerce el poder y no al servil narcisista que, a costa de su dignidad, simplemente se dedica a complacer los caprichos de su beodo y corrupto patrón), protagonizaron sendos episodios de corte bíblico en los que, cual Caifás liderando el Concilio que convalidó la miserable e inquisitorial condena a Jesús, se desgarraron las vestiduras (Mateo 26:65) compitiendo por quién se golpeaba más fuerte el pecho mientras repudiaban vesánicamente los actos contrarios a los valores que pregonan pero que están lejos de practicar.

En efecto, el escandaloso robo de las elecciones cometido por el dictador Nicolás Maduro en Venezuela (i); la toma de estado público de los patéticos videos de tinte sexual protagonizados por el Senador cartista cuyo nombre no recuerdo pero que es conocido como “Chaqueñito” que derivaron en su expulsión del Movimiento político (ii); y, las nuevas sanciones que los Estados Unidos, conforme a su legislación interna, le impusieron al Sr. Horacio Cartes a quien designaron como significativamente corrupto (iii), desataron el delirio colectivo de los cofrades identificados de cuerpo, alma, corazón y acciones con los valores simbolizados por su líder.

Más allá del patetismo cuasi vomitivo que proyectan siempre las estampas que dan cuenta del ser humano ejercitando dócil pero firmemente la abyección ante el poder, los tres episodios que desataron la ira de los senadores cartistas, brindan insumos interesantes para que exploremos, cuanto más no sea de manera superficial, lo que podríamos llamar de manera un tanto grandilocuente los “escondrijos de la condición humana”.

¿Cuáles son los disparadores de nuestra indignación individual o colectiva? ¿A qué impulsos responde nuestra indignación? ¿Convicción cívica, atavismos tribales, fanatismo? ¿Practicamos a nivel colectivo todo aquello que predicamos en los distintos ámbitos de nuestras vidas? ¿Nos exigimos a nosotros mismos lo mismo que le exigimos a los demás? ¿Queda margen para la necesaria y saludable autocrítica querida por la Democracia Constitucional, cuando abrazamos causas signadas por el fanatismo o cuando todos nuestros esfuerzos se orientan únicamente a lograr que el rey nunca se dé cuenta que va desnudo por la vida? ¿Aplicamos en causa propia el mismo estándar o el mismo rasero que utilizamos para juzgar las acciones de los demás?…

Lamento decepcionar a quienes esperan que, a partir de aquí, intente desplegar filosofía de alto vuelo… Interrumpan inmediatamente la lectura de estas modestas cavilaciones y vuelvan a lo que estaban haciendo antes pues, a continuación, con la torpeza y las limitaciones que me distinguen, tomaré como referencia dos de los tres episodios de desgarramientos de vestiduras antes aludidos, para poner en práctica lo que en mi jerga íntima denomino la “especulación lúdica” que, para colmo, será presentada en formato de sátira teñida por un halo bíblico tal como se preanuncia desde el título mismo. Realizada la advertencia, aquí vamos:

i) Primer desgarramiento de vestiduras: Elecciones en Venezuela. Mal que le pese a aquellas personas o agrupaciones políticas que siguen deslumbradas con la hoz y el martillo o con la esvástica y los tanques, no caben dudas de que Venezuela padece un régimen dictatorial con todo lo que ello implica: abusos de poder, personalismo patológico, aniquilamiento de la institucionalidad, persecución a disidentes, opacidad, corrupción, prepotencia, reivindicación de la verdad oficial, pensamiento único, razón de Estado, toma de decisiones delirantes y serviles orientadas a satisfacer el capricho del dictador sea éste real como en Venezuela o remedo como en Paraguay, grupúsculo de secuaces que se benefician económicamente del secuestro de las instituciones públicas y de los medios de comunicación independientes, manipulación de datos estadísticos, exclusión, marginalidad y el crimen organizado campeando a sus anchas, etc.

En ese contexto, cualquiera que desde los estándares que definen a una Democracia Constitucional ejercite la crítica contra el régimen bolivariano, inevitablemente tendrá la razón. Es claro que resulta inadmisible consentir o tolerar que Occidente permanezca impasible e indolente ante la atrocidad de las dictaduras cuando conocemos perfectamente sus devastadores efectos en todos los niveles comunitarios: público o privado, individual o colectivo, familiar o social, político o jurídico, macro o micro económico, intelectual o espiritual, interno o externo, local o internacional, etc.

Ahora bien, razón al margen, lo que me pregunto es si tienen autoridad moral las voces que desde el cartismo se rasgaron las vestiduras para denunciar lo que ocurre en Venezuela. ¿La facción cartista se auto percibe seriamente democrática? ¿En serio sus integrantes sienten que respetan valores democráticos como la tolerancia, el pluralismo o la transparencia? ¿Son diferentes a Nicolás Maduro y sus secuaces? ¿Propician el debate público? ¿Respetan a la disidencia? ¿Buscan fortalecer las instituciones? ¿Les importan las reglas de juego o las reglas del Estado de Derecho? ¿Muestran coherencia entre lo que dicen y lo que hacen? ¿Orientan sus esfuerzos para generar inclusión o para combatir la marginalidad capitalizada muy bien por el crimen organizado?

De manera a medir el grado de coherencia del oficialismo cartista, veamos qué dicen los hechos.

En exactamente un año de gestión gubernamental, la facción política que sostiene al oficialismo destituyó de manera irregular a la Senadora de la oposición más votada, llevó adelante el procedimiento de pérdida de investidura de la parlamentaria sin considerar la voluntad popular, sin respetar su derecho a la defensa, montando unas causales fraudulentas que luego fueron desestimadas por la justicia, pasaron por encima de las reglas de juego (reglamento vigente) que contemplaba la posibilidad de ser oído, de controlar pruebas, de contar un plazo razonable, que establecía claramente que la decisión se validaba con 30 votos y no con 23, mancharon la honorabilidad de los dos servidores públicos ejemplares a quienes tomaron como chivos expiatorios para darle ropaje formal a la parodia.

En un año de gestión gubernamental han amenazado a la prensa libre y a los políticos disidentes, han expulsado arbitrariamente de su propio partido a un dirigente de base combativo cuyo único pecado fue elevar su voz de protesta contra el patrón, han censurado el debate público so capa de contar con mayoría automática, han aprobado un proyecto de ley para anular la participación ciudadana a través de la sociedad civil organizada, han apañado a corruptitos como el Senador que falsificó su título de abogado o a capo narcos como el Senador ligado a Sebastián Marset o el malogrado Diputado con vínculos probados con Jarvis Pavao.

En un año de gestión de gobierno, han anulado el debate parlamentario suprimiendo el estadio de oradores o dejando sin quorum las sesiones ordinarias para activar su aplanadora mayoritaria en sesiones extraordinarias que se han convertido en la regla y no en la excepción. Han interferido en la acción de la justicia dejando sin efecto el levantamiento de fueros parlamentarios (“des — desafuero”), privando de acceso a la justicia y a la información a la familia del fiscal Marcelo Pecci (víctima del narcotráfico) o amenazando a la Corte Suprema con desacatar las eventuales sentencias que esa facción repute contraria a sus intereses, etc., por referir simplemente algunos de los muchos hechos -se insiste, HECHOS- que marcan inequívocamente que desprecian los valores de la Democracia Constitucional y que tienen un plan para acabar con ella.

La facción cartista, ¿tiene realmente autoridad moral para cuestionar el abuso de poder, la persecución miserable y la falta de respeto a la institucionalidad que distinguen de manera nefasta a Nicolás Maduro? Meta relato o auto percepción de lado, los hechos son inequívocos y muestran que el Paraguay se está venezolanizando a pasos acelerados de la mano de ese grupúsculo funcional al “infalible y todopoderoso único líder” que hoy se desgarra las vestiduras buscando aplacar las náuseas que sienten no tanto por lo que ocurre en Venezuela sino por la carga que pesa sobre sus fétidas conciencias.

En clave bíblica, la respuesta que cabe espetarles a quienes integran la facción cartista que cuestiona a Venezuela mientras internamente aplican diariamente el manual de instrucciones de Nicolás Maduro, se encuentra en Mateo 23:2–13; esto es, ¡Fariseos!

ii) Segundo desgarramiento de vestiduras: Expulsión de la bancada oficialista del senador “Chaqueñito”. Recordemos que el pobre diablo aludido (“Chaqueñito”), había sido recibido con bombos y platillos y con los brazos abiertos por la bancada cartista cuando, seducido por algunos integrantes de ese bando (tómese “seducido” en sentido literal, amplio y libidinoso) decidió cambiar de carpa sin consideración a su electorado. Recordemos también, que en ese momento, la bancada cartista ya conocía las “proezas” sexuales que engalanan el palmarés del pacotillero en cuestión pues, él mismo había alimentado sus redes sociales con muchas y variadas “notas de color”.

Sin embargo, viendo que la fuga de mercachifles de la política incrementó velozmente la mayoría automática de la facción cartista, el grupo autodenominado “pro familia” (sí, así es, además de cuestionar a Venezuela sin autoridad moral, también se proclaman adalides de los valores familiares), en un ataque de moralina exteriorizado de manera grandilocuente y pomposa, decidió aprovechar la aparición de un nuevo video con imágenes contrarias a la moral y las buenas costumbres, protagonizado por “Chaqueñito” (sí, el mismo que un par de semanas antes compartía mesa, misa y comunión con la secta cartista), para expulsarlo del movimiento político no sin antes hacer notar que el mismo era portador de la lepra descrita en el Antiguo Testamento (Levíticos 13:14) como signo del castigo del Señor.

Personalmente, debo reconocer que también considero repudiables -por repugnantes- las producciones cinematográficas del estilo que acostumbra protagonizar el Senador “Chaqueñito”. También puedo entender perfectamente, que un grupo cualquiera, cohesionado disque por valores funcionales a la familia, la moral y las buenas costumbres, entienda que no hay cabida para pervertidos irredentos que se complacen con filmar y viralizar sus “hazañas sexuales” con todo lo que ello implica.

Ahora bien, nuevamente, lo que me cuesta entender del cuadro descrito no es la exclusión de “Chaqueñito” sino cómo resulta posible que ese mismo exacto grupo no solo tolere y acepte la presencia militante y activa (en rigor, no descarto que también sea pasiva) de otro Senador (en rigor, Senador con mandato vencido) que, no solo participa sino que lidera y conduce el ejército cartista que se autoproclama custodio de los valores, de la moral y de la familia.

¿No recuerdan acaso los oficialistas pro familia que fue un video gestado por el propio ex Senador junto a dos señoritas voluptuosas lo que le permitió al líder político en cuestión ganarse, de manera inapelable dada la elocuencia de las imágenes, el mote de “pájaro muerto”? ¿En qué difieren las imágenes del otrora “calesitero” de feria hoy devenido en multimillonario gurú de la familia, de la moral y de la política respecto a las de Chaqueñito? ¿Por qué el video de éste resulta censurable mientras que el de aquél no merece reproche alguno? ¿Cuál es el motivo por el cual la “hiper producción” de “Chaqueñito” propició el rasgado de vestiduras así como furibundos discursos en defensa de los valores de la familia mientras que la “mega producción” del ladrón confeso de elecciones y del tildado ladrón de galletas por un gran caudillo de su propio Partido, no motoriza la indignación de los custodios axiológicos de la familia y de la moral?

Atendiendo a que espejando un porno — video con el otro no surgen diferencias ni atenuantes de orden moral (pues ambos son repugnantes, de mal gusto y profundamente contrarios a las buenas costumbres), tratando de entender la furibunda reacción del cartismo contra el pobre diablo a quien dos meses antes tenían en su mesita de luz, ensayé algunas especulaciones de orden jurídico.

Tomé la decisión de calzarme los lentes jurídicos no solo para tratar de vencer la perplejidad que me embarga sino porque además, asumo, que el comando cartista pro familia, puntillosos como son cuando se trata de promover valores, cuenta, no solo con jueces de la moral rigurosos, coherentes e inflexibles cual Torquemada o Bernardo Guidoni, sino también, con un Estatuto normativo que ayuda a dirimir las cuestiones polémicas que eventualmente se presenten dentro del movimiento político o temas que puedan poner en cuestión la familia o la moral tan bien representadas por los socios vitalicios de la secta como los Cartes, los Erico Galeano, los Zacarías Irún, los Galavernas, los “trato apu´á”, los Bachis, los Rivas, los Dionisios, los Leites, los Esgaib, los Lalos y todos esos tíos y abuelos ejemplares a quienes cualquiera de las madres del cartismo pro familia de seguro encomendarían a ciegas a sus hijitas o hijitos -sean niños o adolescentes- en la convicción de que serán bien cuidados o bien orientados cuando necesiten un consejo que ayude a mantenerlos en la senda de los valores que distinguen a una familia virtuosa.

Paréntesis: si las madres del cartismo me permiten un consejo, piensen bien antes de dejar que los tíos y abuelos con los que comparten tradiciones y en los que están pensando en este preciso instante sin necesidad que los nombre (¡sí, ellos! ¡esos mismos!! ¡esas mismas exactas personas!!), sienten y acomoden en sus rodillas a sus hijos e hijas pequeños o adolescentes para hablarles al oído tiernamente mientras brindan sus sabios consejos basados en testimonios de vidas coherentes e inmaculados… Como nos lo demostró dolorosamente la Santa Madre Iglesia, uno nunca sabe así que ojo… Fin del paréntesis.

Bien. Fue así, que con afán forense y buscando encontrar una explicación que justifique el desgarro de vestiduras en un caso y no en el otro, imaginé qué pueden expresar o prever los Estatutos del movimiento cartista pro familia. Así, recordé que el tío de la familia cartista conocido como “pájaro muerto” (entre otros muchos apodos dignos de la febril invectiva popular como “Ladrón de galletas, fariña y coquitos”, etc.), grabó su video hace unos siete u ocho años por lo que a lo mejor, cabe asumir que entre las reglas estatutarias de los cartistas pro familia, se previó la prescripción liberatoria.

También recordé que, pese a su empeño -y a las muchas pastillas azules que de seguro consumió-, el entonces Senador no pudo (angá) concretar el acto que él mismo filmó con la finalidad de solazarse en su grupo de timba o en las reuniones políticas o sociales donde dicta cátedra, por lo que imagino que el reglamento de pertenencia que rige entre los pro familia del cartismo no penaliza el ataque contra la moral en grado de tentativa sino solo los hechos consumados que concretan y materializan el daño a la moralidad oficial.

Paréntesis: Todo un avance evolutivo del cartismo pro familia con respecto a la dinámica sobre la que operaba su antecesor mediato, la Santa Inquisición, que no perdonaba ni siquiera la tentativa herética. ¡Viva la evolución! Fin del paréntesis.

También recordé que el ex Parlamentario -a diferencia de “Chaqueñito”- proporcionaba empleo (ciertamente con dinero de los contribuyentes pero empleo al fin) a las damas a quienes luego invitaba a protagonizar sus fallidos actos sexuales por lo que los pro familia del cartismo de seguro aplicaron algún tipo de indulto estatutario en base a la particular interpretación que suelen realizar en torno al manejo de la cosa pública.

Paréntesis: Basta recordar que los pro familia del cartismo (los rojos y los azules digo) justificaron el escándalo de los “nepo baby´s” alegando que sus tiernos retoños pueden ingresar por la ventana y de manera espuria a la estructura pública pues ellos mejoran la institucionalidad estatal dado que son moralmente superiores al resto y que estudiaron en mejores colegios que los paraguayos de a pie que concursan y padecen lo indecible para acceder a cargos públicos. Fin del paréntesis.

No pude evitar considerar que el Estatuto vigente en el seno de pro familias del cartismo, sea terminante respecto a que debe existir una víctima para ejecutar la exclusión de una persona por inmoral y, en el caso del ex Senador, no hubo víctima pues, a la hora de la verdad, en ese momento cumbre en el que el hombre se enfrenta a su destino, en ese instante decisivo y crucial que nos define para la eternidad, el “arma del delito” le falló enteramente al “pájaro muerto” quien no logró disparar pese a que su maltrecho revolver había sido desenfundado(*) y bastante bien sobado… Angá ná…

(*) Nota de la redacción: Respecto al final del párrafo anterior, sepa el lector que en la versión original el autor había consignado que “la espada no había sido desenvainada”. La redacción juzgó imperiosa la necesidad de modificar la frase pues, luego de contrastar la evidencia disponible, se advirtió que el símil con la espada no hubiese estado acorde con la absoluta flacidez de la estampa que legó para la posteridad el videíto casero del líder político y moral del cartismo. La redacción extiende sus más sentidas disculpas a los lectores pues suponemos que la impericia y la poca lucidez del autor de las cavilaciones jugaron en su contra.

Finalmente, y siempre como parte de las especulaciones ligadas al mundillo jurídico, no podemos descartar que, en su afán de no ser expulsado del cartismo, “pájaro muerto” haya contratado al abogado del Sr. Cartes (ese leguleyo mercenario cuyo nombre no recuerdo en este momento pero que se hizo célebre por tratar de borrachito melancólico a su patrón mientras sobornaba a agentes fiscales para montar causas a los disidentes) y, aprovechando la pericia y la falta de escrúpulos del hoy tristemente célebre mercader del derecho, supo encontrar una interpretación estatutaria que, bien leída y previo pago del “diezmo” (Malaquías 3:10) de rigor, contemplaba la absolución o el indulto del fallido, blandengue y flácido ex Senador.

Desde esa mirada y nuevamente en clave bíblica, podemos afirmar que el sodomita impotente (Génesis 19: 24–38) que dicta cátedra de moral mientras desde el quincho organiza a sus sicarios políticos, no sufrió la ira (Romanos 1:18–32 y Juan 3:36) de los cartistas por familia pues fue salvado por los Estatutos o al menos, por la interpretación a medida que de los Estatutos realizaron quienes le rinden pleitesía a ese sátrapa que tanto daño le ha causado a la Democracia Constitucional y con ello, a las familias que los cartistas chupacirios dicen proteger.

Se me ocurre, que tal vez “Chaqueñito” podría revisar si los Estatutos contemplan una instancia de apelación o revisión… si logró seducirlos antes, por qué no ahora. Si algo han mostrado ser los cartistas además de políticamente genuflexos, es que son moralmente flexibles….

Ahora sí y ya dejando a un lado la sátira en torno a las miserias propias derivadas de nuestra humana condición, el ejercicio o la catarsis realizados en estas modestas cavilaciones apuntan, modesta pero firmemente a llamar la atención sobre los nuevos enemigos que acechan a la Democracia Constitucional.

El fanatismo, junto a la miseria, la exclusión, la marginalidad y el crimen organizado, están instalados en la sociedad paraguaya. Una horda de fanáticos que, contra toda evidencia y toda lógica, se auto percibe virtuosa, logró agruparse en un movimiento político y cuenta con una mayoría coyuntural con la cual vienen justificando todos sus entuertos y desaguisados.

Paréntesis final: De hecho, mientras escribo estas líneas muchos de los integrantes de la horda cartista, se están -nuevamente- golpeando el pecho y estirando de los cabellos públicamente para reivindicar a uno de los suyos que fue abatido en su ley y están exigiendo con vehemencia inquisitorial que aparezca un chivo expiatorio (Levítico 16:10) que los redima. Fin del paréntesis.

Todo lo que viene sucediendo en el Paraguay, exige que, con las herramientas del constitucionalismo democrático, combatamos intensamente las nuevas formas que ha encontrado el fanatismo para reinstalar la persecución, el odio, la violencia, el terror y la intolerancia que siempre acechan esperando el momento propicio para atacar.

Paraguay se encuentra a un pasito de ese punto sin retorno que convirtió a Venezuela en la dictadura abyecta que es hoy y a la cual, para decirlo nuevamente con un símil bíblico, se llegó por el onanismo (Génesis 38:9) adolescente de la dirigencia opositora que, al igual que hoy en Paraguay, se deleitaba gozosamente con poses individualistas y narcisistas alejadas de las virtudes y el liderazgo positivo que la Democracia Constitucional requiere para construir y encaminar proyectos cívicos a nivel colectivo.

En lo personal, debo reconocer que esperaba que algunas de las personas de bien que integran el cartismo fueran capaces de realizar la saludable y necesaria auto crítica consustancial al buen funcionamiento republicano de la Democracia Constitucional. Así lo escribí en su momento en https://robertmarcialgonzalez.medium.com/grandes-esperanzas-92135b011e06).Sin embargo, fascinados con el poder y el dinero, prácticamente todos están empeñados en consolidar el proyecto autoritario que defienden consciente o inconscientemente.

Prueba de ello, que únicamente dediquen sus esfuerzos a cuestionar con virulencia la paja en el ojo ajeno, sin reparar un solo segundo en la viga que tienen en el propio (Mateo 7: 3–4).

SEÑOR: no sé si en este caso puedas perdonarlos ya que, a diferencia de los exaltados intransigentes que en su momento apañaron tu crucifixión, los fanáticos cartistas de hoy sí saben lo que hacen y además, lo hacen muy bien…

por Robert Marcial González. 9 de Julio de 2024.

En un lúcido estudio que lleva por título “La verdad y las formas jurídicas”, Michel Foucault describe con maestría algunos de los mecanismos históricamente utilizados con eficacia por el poder para imponer su lógica invasiva e irrefrenable y para consolidar proyectos de corte autoritario. Como estudioso consagrado al fenómeno del poder, Foucault extendió sus esfuerzos al análisis riguroso de todas las expresiones de poder institucionalizado que son consustanciales a nuestra humana condición: político, económico, religioso, familiar, etc., pues le inquietaba y mucho que los ciudadanos vivamos sometidos al capricho y la voluntad de grupos coyunturales fascinados por la lógica autoritaria.

Así, con mucho rigor, Foucault logró evidenciar que cuando los sistemas autoritarios logran desmontar todos los mecanismos de control al poder y consiguen su objetivo de anular las voces críticas de la sociedad, sus brazos ejecutores, en cruel paradoja, se valen del derecho o de la normativa infra Constitucional para anular los DERECHOS consagrados a nivel supra legal o de rango Constitucional.

Es exactamente lo que acaba de ocurrir en el Senado del Paraguay con la aprobación de un proyecto ley de corte orwelliano que, so pretexto de apuntar al control y la transparencia de las asociaciones civiles sin fines de lucro, justifica que el Estado, a través de sus agentes y operadores, censuren, anulen y eliminen las iniciativas desplegadas por la sociedad civil organizada para contribuir tanto a mejorar la calidad de la democracia como a controlar el ejercicio del poder público.

La preocupación al respecto (o al menos mí preocupación al respecto) sería moderada si no fuera por el hecho cierto que representa que esta nueva decisión de la mayoría coyuntural al servicio del cartismo (no del bien común, no del Paraguay, no de la sociedad, no de la comunidad sino exclusivamente al servicio del Sr. Cartes), se enmarca en una serie de acciones políticas que vienen desplegándose desde hace 11 meses y que apuntan, indisimuladamente, a anular las voces críticas, acallar a disidentes, a eliminar toda forma de debate o a evitar cualquier forma de control al poder público y al poder económico que imperan en el Paraguay y lo han convertido en epicentro del crimen organizado y del lavado de dinero.

Si bien las habituales cavilaciones cívicas que comparto con la ciudadanía no albergan esperanzas de que los serviles (seres — viles) genético — vocacionales al servicio del modelo autoritario que se apoderó del Paraguay modifiquen sus estándares de abyección, sí apuntan a generar pensamiento crítico a partir de algunas inquietudes existenciales cuanto más no sea, para que en el futuro cercano, pueda rendirle cuentas a mis hijos el día en que me interpelen acerca de cómo fue que llegamos al punto de la anulación absoluta de los valores que sostienen a la Democracia Constitucional.

En ese contexto, estimo relevante apuntar que, la clase política en general y la oposición (colorada y no colorada) en particular, pareciera que pierden de vista que todo proyecto de ley que ponga en tensión o afecte garantías fundamentales como el derecho de asociarse, el derecho a dedicarse a una actividad lícita, el derecho a participar activamente en la comunidad, el derecho a pensar, el derecho a desarrollar un proyecto de vida propio, el derecho a repeler la invasión estatal de los ámbitos privados o de las esferas no públicas o particulares, el derecho de coadyuvar al desarrollo comunitario a través de la cooperación local e internacional, el derecho a establecer mecanismos de control externos al ejercicio del poder público, el derecho de suplir la inacción de un Estado que hambrea a su gente o que la somete a la más vergonzosa indignidad, etc., etc., etc., debe responder satisfactoriamente a una serie de interrogantes vinculadas a calibrar si las leyes en debate serán funcionales al poder o, por el contrario, si serán funcionales a las garantías ciudadanas pues, a riesgo de incurrir en una perogrullada, la sociedad no debe perder de vista que si una ley está perfilada para servir al poder, automáticamente le da la espalda al ciudadano; mientras que si la norma se orienta a servir al ciudadano, automáticamente limita el margen de acción de quienes ejercen el poder público.

¿A quién servirá o a quién beneficiará la ley? ¿Servirá al poder, a un grupo de poder político o al ciudadano? ¿Ampliará los márgenes de actuación estatal o permitirá que el ciudadano amplíe el marco de libertades preferidas? ¿Restringirá derechos civiles y políticos en favor del Gobierno de turno o dará un espaldarazo para robustecer el esquema de derechos vinculados al ejercicio pleno de la ciudadanía comprometida? ¿Logrará transparentar el manejo de la cosa pública o favorecerá la opacidad que el poder necesita para ganar impunidad? ¿Se asemejan a las leyes que eran aprobadas durante la dictadura o, por el contrario, son leyes que buscan reforzar garantías ciudadanas consolidando un orden jurídico tributario de valores como la libertad y la igualdad? etc., etc. etc.

El abordaje coherente de esas interrogantes no solo orienta y estimula el debate sino que permite definir la orientación ideológica o filosófica de aquellas personas que, con más o menos buena fe o con más o menos nivel de consciencia, terminan perfilando el Estado (los límites y la utilidad del Estado) con sus decisiones o posiciones públicas. Vale apuntar aquí que, guste o no guste, la Constitución define al Paraguay como un Estado Social de Derecho por lo que las decisiones políticas deberían orientarse a consolidar y robustecer ese modelo republicano y no otro.

En el caso concreto de la ley aprobada por el Senado para anular los mecanismos con los que cuenta la sociedad civil organizada para abonar la democracia por fuera de las estructuras partidarias, surge claro que las respuestas a todas esas interrogantes de base, muestran que los parlamentarios serviles al poder no han hecho otra cosa más que favorecer a los aparatos ideológicos de represión que los Estados totalitarios buscan implantar para instalar el pensamiento único y la verdad oficial. Esa misma verdad oficial que tanto daño ha causado a la humanidad a lo largo de la historia…

La alarmante situación que aqueja al modelo jurídico — político del Paraguay preocupa ya no potencial sino realmente. Las señales de regresión autoritaria que hoy incluso ya tienen ropaje de ley, son muchas y se implementan de manera coordinada ante la pasividad lacerante de la oposición y la apatía inaceptable de la sociedad en casi todos sus niveles. Los agentes parlamentarios serviles al poder, se esmeran por agradar al capo mafioso que encarna sus ideales así que solo se darán cuenta del mal que causan a la democracia (y a ellos mismos) cuando ese mismo líder inescrupuloso y truhan a quien hoy endiosan, pose sus botas sobre sus cabezas ni bien dejen de ser los idiotas útiles que hoy ayudan a entretejer la soga con la que el proyecto autoritario instalado busca ahorcarnos a todos.

Los seres viles que hoy están en el poder saben muy bien que todos los regímenes políticos totalitarios de derechas y de izquierdas surgidos históricamente (nazismo, fascismo, estalinismo, chavismo, castrismo, stronismo, pinochetismo, etc.) lograron sus objetivos despojando a los ciudadanos de sus derechos y garantías aprobando leyes nefastas. Leyes nefastas orquestadas maquiavélicamente para desmontar las garantías previstas en las Constituciones republicanas para que los ciudadanos se mantengan a resguardo de los excesos y las invasiones ilegítimas del poder en todas sus formas. Los seres viles que hoy están en el poder, cuentan además con un ejército de lacayos serviles a ese mismo poder que, aprovechando la indolencia y la indiferencia del Presidente formalmente electo en el Paraguay, están consolidando el proyecto autoritario funcional a los intereses del presidente de facto del Paraguay.

¿Frente a eso, qué? sería la pregunta (o al menos una de las interrogantes) de orden cívico que deberíamos abordar como sociedad democrática. Personalmente, me resisto a creer que el genial Maestro Helio Vera tenía razón cuando, en uno de sus célebres micro — tratados de sociología autóctona, advertía acerca de la presencia de un hueso perdido en la nuca que obligaba al paraguayo a humillar siempre la cerviz ante el patrón de turno.

Me resisto a creer que los paraguayos no hayamos aprendido de nuestro pasado político reciente y remoto signado por el autoritarismo, la persecución a disidentes y la anulación del pensamiento crítico. Me resisto a creer que frente a todas las señales de autoritarismo basadas en relatos hegemónicos que infunden el odio y la intolerancia para instalar el pensamiento único y la verdad oficial, la sociedad civil organizada, los medios de comunicación, los gremios, los empresarios, los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, las Universidades, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado y las mismas Oenegés que hoy ya fueron alcanzadas por las fauces del significativamente corrupto, seguirán limitando su acción cívico — política a soporíferos discursos que nadie entiende o a quejas lastimeras que no hacen mella alguna en la curtida piel de los verdugos de nuestra democracia.

Tal vez llegó el momento de replantear seriamente nuestro enfoque cívico y de repasar las bondades de nuestros mecanismos de acción política, pues, no es legítimo que sigamos asistiendo impasibles al patético espectáculo circense montado por los serviles al poder para agradar a su patrón a partir de una puesta en escena que viene desmantelando la democracia dando ropaje de ley a lo que indisimuladamente viene a erigirse como un garrote pensado para perseguir disidentes y evitar así, los saludables controles externos sin los cuales no es posible consolidar un proyecto de vida comunitario basado en valores como la LIBERTAD, la IGUALDAD y la FRATERNIDAD…

por Robert Marcial González. 15 de agosto de 2024.

El extraordinario jurista británico William Blackstone (1723–1780), de manera célebre, sentenció hace unos 250 años que “más vale diez culpables libres que un inocente preso”. De esa forma, sentó las bases para la consagración normativa posterior de una serie de garantías que en la actualidad constituyen pilares de la Democracia Constitucional: la presunción del estado de inocencia, el derecho a la defensa en juicio, el derecho a ser juzgado por tribunales imparciales e independientes, el derecho a ser oído, el derecho a controlar y producir pruebas, el derecho a revisar las decisiones del poder público que afectan libertades, el derecho a que no se violen nuestra intimidad, nuestra privacidad, nuestro domicilio, nuestra correspondencia, nuestra propiedad, nuestro derecho a protestar, a organizarnos, a trabajar en la actividad lícita de nuestra preferencia, nuestro derecho a elegir y ser elegidos, a controlar a quienes ejercen el poder en todas sus formas, nuestro derecho a exigir rendición de cuentas y transparencia y, fundamentalmente, el derecho que tenemos todos los ciudadanos a que se nos restituya la libertad cuando la misma ha sido afectada de manera arbitraria.

En ese contexto, la Democracia, entendida como sistema de convivencia entre iguales, obliga a que la ciudadanía recuerde todo el tiempo que las garantías previstas en la Constitución sirven de blindaje, de coraza protectora y, en última instancia, de herramienta para mantener a raya a quienes ejercen el poder público en todas sus formas así como para, si no evitar, al menos reducir el riesgo de que el ciudadano sufra actos de abuso de parte de cualquier autoridad.

Por tanto, conviene que tengamos presente que las garantías están previstas en beneficio del ciudadano y, por ende, como consecuencia natural de ello, se ejercen contra o frente al poder público. Esas garantías son directamente funcionales a los valores que cimientan a la Democracia Constitucional, entre los cuales, la libertad en todas sus formas, la igualdad ante la ley, la solidaridad y la dignidad ocupan un sitial de relevancia. Por ende, siempre que se afecte arbitraria o irregularmente la libertad de un ciudadano, sin que importe el ropaje formal que revista el acto jurídico o político dictado por la autoridad y sin límite de tiempo, se puede / se debe pelear para que el sistema, a través de la máxima instancia jurisdiccional, ponga las cosas en su lugar reparando el entuerto que afectó negativa y espuriamente la vida y la libertad de un ciudadano inocente.

Los valores que edifican a la Democracia Constitucional se defienden, básicamente, a través de dos vías de control que la ciudadanía puede activar en cada situación concreta. Por un lado, los controles internos y por otro, los controles externos.

Entre los primeros, se cuentan los mecanismos institucionalizados en la Constitución o en la ley como las audiencias públicas, la rendición de cuentas, las interpelaciones, etc. Ya a nivel de control ciudadano hacia los actos del poder judicial, se encuentran los recursos como la apelación, la casación, la inconstitucionalidad, etc.

Entre los segundos, se cuentan los mecanismos no institucionalizados pero consustanciales a la Democracia como la opinión pública, los medios de comunicación, las protestas o manifestaciones ciudadanas, la labor de los gremios o de las universidades, etc. Se trata, básicamente, de ejercitar la solidaridad o la fraternidad postuladas por los revolucionarios franceses en 1789 pero ya no solo para enfrentar al poder sino, fundamentalmente, para evitar que la arbitrariedad sufrida en el presente por una persona, nos afecte en el futuro al resto de los ciudadanos. Como se ve, el ejercicio activo y militante de ese valor fundante de la Democracia Constitucional como lo es la solidaridad, se despliega, casi paradojalmente, también en beneficio propio y no solo en favor de quien hoy lo necesita.

Si bien nada impide que ambas vías de control ciudadano se activen en simultáneo, lo que ocurre habitualmente es que los controles externos cobran vida cuando, por las falencias propias atribuibles a la fragilidad institucional y a la baja calidad de la política o de la justicia, quienes ejercen el poder público incurren en excesos, abusos o arbitrariedades que afectan gravemente derechos fundamentales, libertades ciudadanas o garantías constitucionales.

Tal es el caso, precisamente, de lo ocurrido con el Profesor Luis Alberto Riart, sobre cuya penosa y grave situación considero importante y necesario llamar la atención de la ciudadanía y, por qué no, de las autoridades.

Para quienes no lo conozcan, sepan que el Profesor Luis Alberto Riart ha sido siempre un ciudadano ejemplar, un servidor público comprometido, docente de alma y luchador incansable por el mejoramiento de la institucionalidad democrática desde uno de los ámbitos más sensibles como el educativo. Dedicó su vida a la formación intelectual y espiritual de muchas generaciones de jóvenes a quienes supo orientar inculcando valores democráticos que son también los valores cristianos que dotan de identidad al Humanismo y que permiten que los ciudadanos desarrollemos pensamiento crítico y espíritu solidario.

De manera coherente y comprometida, el Profesor Luis Alberto Riart le destinó siempre la mayor parte de su tiempo a servir a la comunidad desde la educación. Siempre que fue convocado para aportar su experiencia en beneficio de la sociedad, lo hizo desinteresadamente sacrificando proyectos personales e incluso, resignando beneficios económicos convencido de que la educación es el camino más sólido para mejorar la calidad de vida de la gente y de que es, igualmente, el medio idóneo para ensanchar el campo de oportunidades que ayuda a los jóvenes a que concreten sus sueños activando así el círculo virtuoso que se genera cuando quienes accedieron al privilegio de la educación le retornan a la sociedad lo que recibieron de ella.

Hoy, el Profesor Luis Alberto Riart, por razones (o mejor dicho sin razones) enteramente imputables a la fragilidad institucional y a la arbitrariedad de las personas que decidieron en el kafkiano proceso penal al que fue sometido de manera vil, se encuentra injustamente privado de su libertad y por ello, quienes valoramos las garantías conquistadas por la humanidad para enfrentar los excesos que se cometen desde el poder público, estamos compelidos a elevar nuestra voz de protesta para que el sistema judicial repare el gravísimo error cometido y que derivó en la pérdida de la libertad de un ciudadano inocente.

La indolencia de la burocracia y particularmente de los burócratas, no extraña ni asombra a estas alturas. Con las honrosas excepciones que sin duda existen, en términos generales nuestras libertades están en manos de funcionarios serviles al poder que medran para conservar sus carguitos sin enterarse siquiera el daño que generan todos los días por su falta de compromiso, de coraje cívico y de integridad. Basta mirar los indicadores que miden la credibilidad del sistema de justicia del Paraguay o los indicadores de corrupción dentro del Poder Judicial para advertir que sobre nuestras cabezas pende amenazante una espada de Damocles que en cualquier momento puede caer sobre cualquier ciudadano inocente como ocurre hoy con el Profesor Luis Alberto Riart.

Ahora bien, lo que sí extraña y asombra es que la ciudadanía crítica, los ciudadanos que sí valoran las garantías propias de la Democracia Constitucional, se muestren apáticos y desinteresados hacia los casos concretos que evidencian que nuestra libertad se encuentra permanentemente amenazada. Hoy, ahora, en este preciso instante un ciudadano de bien, un ciudadano honesto, un ciudadano inocente está privado de su libertad por capricho, arbitrariedad y prepotencia del sistema de justicia. El Profesor Luis Alberto Riart está pagando con su libertad la voracidad de un sistema penal que juzga con ligereza a los ciudadanos comunes mientras se muestra complaciente con los poderosos que hacen mérito para ser condenados pero que tienen garantizada la impunidad.

El Profesor Luis Alberto Riart es un ciudadano inocente arbitrariamente privado de su libertad. Y no lo dice quien escribe estas líneas. No. Irónicamente, lo dicen las propias sentencias con las que se intentó burda y torpemente justificar la condena impuesta a un ciudadano de bien. En cruel ironía, casi a modo de broma macabra, los propios jueces que tomaron la arbitraria decisión de condenar al Profesor Luis Alberto Riart expusieron en sus respectivos votos que, pese a que no existían indicadores que demuestren la comisión de hechos punibles, correspondía la pena privativa de libertad por el cargo de Ministro de Educación que desempeñaba el condenado.

Lo dicho por el Poder Judicial en el caso del Profesor Luis Alberto Riart para justificar su arbitraria determinación, es el equivalente a que un juez penal condene a una persona por el homicidio de otra que no solo está viva sino que ni siquiera fue atacada por el condenado. ¡Sencillamente demencial! ¡Kafkiano! Estamos ante un absurdo total. Un completo contrasentido que no hace sino evidenciar la ligereza y el desprecio del sistema de justicia hacia los altos valores que cimientan la Democracia Constitucional donde la libertad, es, sin duda alguna, el pilar fundamental que justifica la vida misma.

Un ciudadano inocente está arbitrariamente privado de su libertad y esa situación debería motorizar a la ciudadanía a que ejercite los controles externos al poder para, cuanto menos, tentar que la Corte Suprema de Justicia repare el gravísimo error cometido permitiendo que el Profesor Luis Alberto Riart recupere su libertad cuanto antes. Se trata de un imperativo ético para los ciudadanos de bien. En situaciones como esta es donde se mide el nivel de compromiso y de coherencia que tenemos con nosotros mismos, con el futuro de nuestros hijos y nietos, con la sociedad y con los valores de la Democracia Constitucional.

Si bien no existe un manual de instrucciones que indique cómo podemos hacer nuestra la causa de ese ciudadano inocente que hoy está privado de su libertad, podemos sí, explorar el camino de la indignación colectiva en todas sus vertientes. Las muestras de solidaridad que podamos amplificar mientras se articulan los mecanismos institucionales previstos por el sistema para que triunfen las garantías por sobre las arbitrariedades del mismo sistema, serán de gran ayuda y le harán saber y sentir al Profesor Riart que no está ni estará solo en su lucha.

El genial Woody Allen dijo alguna vez que “me interesa el futuro porque es el lugar en el que voy a pasar el resto de mi vida”. Resistir codo a codo para lograr que un ciudadano inocente recupere su libertad no solo constituye un acto de heroísmo cívico en tiempos de regresión autoritaria sino que además, representa el camino para que, a través del ejemplo, le digamos a nuestros hijos y a nuestros jóvenes que nos importa su futuro y por ello, seguiremos luchando por todos los medios a nuestro alcance para legarles un país mejor del que recibimos cuando llegamos a él.

El IPDC organiza y apoya la realización de congresos, seminarios, conferencias y charlas sobre temas variados del derecho constitucional, ya sea de derecho constitucional paraguayo, extranjero o comparado. 

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