Categoría: Opiniones

El 14 de febrero de 2024, la senadora Kattya Mabel González Villanuevaperdió su investidura. La Cámara de Senadores consideró el uso indebido de influencias fehacientemente comprado (art. 201.2 CN). El pedido y proyecto de su remoción fue presentado por 21 (veintiún) senadores: Dionisio Amarilla, Noelia Cabrera, Juan Carlos Galaverna Ortega, Carlos Núñez, Erico Galeano, Natalicio Chase, Basilio Nuñez, Hermelinda Ortega, Gustavo Leite, Silvio Ovelar, Lizarella Valiente, Pedro Díaz Verón, Derlis Osorio, Antonio Barrios, Derlis Maidana, Edgar López, Javier Vera, Hernán Rivas, Zenaida Delgado, Norma Aquino y Javier Zacarias Irún. Por Resolución 431 la Cámara de Senadores [con 23 votos favorables, 7 abstenciones y 15 ausencias] declaró fehacientemente comprobado el uso indebido de influencias (art. 1) y dispuso la pérdida de investidura, removiéndola del cargo de senadora por el período constitucional restante 2023–2028 (art. 2). Ese mismo día Kattya González fue notificada y al día siguiente, fueron comunicados el presidente de la República (M.H.C.S. 684), la Corte Suprema de Justicia (M.H.C.S. 685), el Tribunal Superior de Justicia Electoral (M.H.C.S. 686) y la Cámara de Diputados (M.H.C.S. 687).

Pese a sus más de 30 años como disposición normativa vigente en la Constitución, la pérdida de investidura no tuvo en sus comienzos un uso frecuente. Su recurrencia es más propia del pasado reciente, que la aleja de ser extraordinaria. En los últimos años se trató la pérdida de investidura del senador Oscar González Daher (2017); de los diputados José María Ibañez y Jorge Oviedo Matto (2018); de los diputados Ulises Quintana y Tomás Fidelino Rivas (2019); de los senadores Dionisio Amarilla, Víctor Bogado, Paraguayo Cubas (2019) y María Eugenia Bajac (2020) y del diputado Carlos Portillo (2021). Entre 2017 y 2025, las cámaras del Congreso han ingresado proyectos de tratamiento de pérdidas de investidura para los senadores Enrique Salyn Buzarquis (2019), Rodolfo Friedmann, Javier Zacarías Irún, Sixto Pereira y Sergio Godoy (2020); la diputada Celeste Amarilla (2021); la senadora Mirta Gusinky (2021); el senador vitalicio Horacio Cartes (2022) y el diputado Hernán Rivas (2023). La cámara de diputados, incluso, trató un proyecto que planteaba la pérdida de investidura en simultáneo de 30 (treinta) diputados: Raúl Latorre, Basilio Núñez, Tadeo Rojas, Nazario Rojas, Avelino Dávalos, Blanca Vargas, Cristina Villalba, David Rivas, Delis Maidana, Edwin Reimer, Esteban Samaniego, Justo Zacarías, Marlene Ocampos, Juan Carlos Galaverna, Néstor Ferrer, Pastor Soria, Del Pilar Medina, Roque Sarubi, Walter Harms, Rocío Abed de Zacarías, Pedro Alliana, Guadalupe Aveiro, Rubén Balbuena, Ulises Quinta, Félix Ortellado, Erico Galeano, Miguel Ángel del Puerto, María López Rotela, Enrique Meneur y Hernán Rivas (2023). Mientras escribo, está en el tintero el proyecto para el diputado Orlando Arévalos (2025). Si a ello sumamos los diversos intentos de modificar el reglamento interno para establecer el procedimiento (2017, 2018, 2019, 2023) así como la corta vigencia de la Ley 6039/2018, abrogada meses después por Ley 6164/2019, el uso de esta figura constitucional otrora inexistente es hoy más bien algo ordinario.

Uno podría preguntarse ─en términos democráticos─ cómo es posible que 23 senadores resuelvan remover una senadora que obtuvo 100.155 votos. Es decir, remover a quien representó la opción 1 de la Lista 9 “Alianza Encuentro Nacional”, fue la 4ª senadora más votada del país e integró el 4º partido político más votado en las elecciones de 2023. Pero uno también podría preguntarse en los mismos términos cómo hubiese sido si el senador Oscar González Daher hubiese sido removido luego de ser elegido en una lista que obtuvo 865.206, integró los primeros lugares de la lista más votada y el 1º partido más votado en las elecciones de 2013. Es difícil comparar ambos períodos (2013 y 2023). Los sistemas de elección de listas abiertas y cerradas son distintos en tanto uno premia el candidato con voto preferente y el otro no. Varias preguntas como estas podrían hacerse comparando resultados de diversos tipos y la discusión democrática continuaría hasta estrellarse en callejones irrelevantes sin salida. Al final de cuentas, siempre será la cámara respectiva la que “pierda”, en el sentido de que nunca será mayor la cantidad de votos que decidan la remoción respecto de los votos que justifican la elección del parlamentario removido. No es eso, pues, lo que hace relevante la remoción de Kattya González. No es su mayor o menor representación parlamentaria lo que hace especial su caso. En mi opinión, la atención debe centrarse única y exclusivamente en su naturaleza jurídico procesal.

Kattya González promovió ante la CSJ una acción de inconstitucionalidad contra la Resolución 431 de la Cámara de Senadores. La CSJ, si le diere la razón, podría anularla o declararla inaplicable y, con ello, retornaría al curul. La acción fue admitida con el voto unánime de los tres ministros de la Sala Constitucional de la CSJ, Víctor Ríos, César Diesel y Gustavo Santander [AI 356 del 24 de abril de 2024]. Su admisión, empero, no conllevó la suspensión de los efectos de la resolución de la Cámara, porque la CSJ entendió que supondría una sentencia anticipada y que no cumplía con el presupuesto cautelar de la urgencia, ya que el cargo está cubierto con el senador suplente [AI 357 del 24 de abril de 2024]. Nueve (9) urgimientos más tarde (junio, 2025), la Sala Constitucional fue ampliada, integrada y resolverá la acción con el voto de los ministros Víctor Ríos, César Diesel, Gustavo Santander, Alberto Martínez, Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera, Manuel de Jesús Ramírez y de los camaristas Miguel Ángel Rodas y Esteban Kriskovich, en remplazo de Eugenio Jiménez y César Garay. La integración definitiva quedará subordinada al resultado de las recusaciones del Dr. Víctor Ríos y del Dr. Esteban Kriskovich, presentadas por la Cámara de Senadores. Sin perjuicio de la integración definitiva que surja, insisto, lo relevante del caso pasará por la cuestión procesal que la CSJ podrá institucionalmente decidir en un sentido u otro.

En el pasado, la CSJ ha tomado posiciones sobre las llamadas cuestiones justiciables. Los actos de autoridad son justiciables en ciertas condiciones. Si el caso de Kattya González hubiese sido considerado una cuestión no justiciable, pudo haberse rechazado in limine (art. 12, Ley 609/95). La admisión, empero, refuerza la posición de la CSJ sobre estas cuestiones, considerando además que la acción puso especial y único énfasis en las cuestiones procedimentales. Como precedente, la CSJ hizo lugar la inconstitucionalidad promovida por el Intendente Municipal de San Lorenzo, Osvaldo Ferrás Morel, destituido por la Cámara de Diputados. Los ministros Lezcano Claude, Sapena Brugada y Paciello Candia consideraron justiciable la flagrante violación del derecho a la defensa establecido en el art. 17 de la Constitución [Acuerdo y Sentencia 184 del 31 de julio de 1995]. La Sala aclaró con el voto mayoritario de Sapena y Paciello que la inconstitucionalidad inplicaba la nulidad ─no la inaplicabilidad─ de la resolución, por ser un fallo de autoridad consecuencia de un proceso, no un acto normativo. En disidencia, Lezcano Claude [Acuerdo y Sentencia 224 del 23 de agosto de 1995]. Lo propio resolvió ante la inconstitucionalidad promovida por el Intendente Municipal de Saltos del Guairá, Félix Vera Cantero, destituido por la Cámara de Diputados. Es decir, consideró justiciable la violación del derecho a la defensa [Acuerdo y Sentencia 185 del 31 de julio de 1995]. Un año más tarde, el mismo Intendente de San Lorenzo sería nuevamente destituido por la Cámara de Diputados. Sin embargo, en este nuevo caso, la CSJ no lo consideró justiciable, pues no hubo violación del debido proceso, indefensión o cuestión alguna de tipo procedimental. Si la CSJ interviniere en el fondo ─sostuvo aquel fallo─, se volvería un acto político más [Acuerdo y Sentencia 586 del 31 de diciembre de 1996]. En un fallo dividido, la CSJ consideró la justiciabilidad de los actos de gobierno ante la inconstitucionalidad que planteara el Congreso contra el Decreto PE 117 del 18/08/1998 del presidente Raúl Cubas Grau quien conmutó las penas al Gral. Div. (SR) Lino Oviedo y al Cnel. (SR) José Manuel Bóbeda. La decisión de la CSJ discurrió sobre la incompetencia del Ejecutivo para conmutar penas, la atribución del Congreso para accionar y la vía procesal elegida. Considerada la capacidad del Congreso para accionar y la inconstitucionalidad como vía válida, se hizo lugar a la inconstitucionalidad en función de la incompentencia reglada del presidente. En disidencia los ministros Enrique Sosa, Felipe Santiago Paredes, Sapena Brugada y Fernández Gadea [Acuerdo y Sentencia 415 del 2 de diciembre de 1998]. De forma unánime, los ministros Benítez Riera, Antonio Fretes y Alicia Pucheta hicieron lugar a la inconstitucionalidad de la sustitución del senador Oscar González Daher ante el JEM por violación de procedimientos reglados [Acuerdo y Sentencia 410 del 15 de abril de 2016]. Lo propio ocurrió en contra de la Resolución 2695 de la Cámara de Diputados que removió al diputado Julio Javier Ríos como miembro del Consejo de la Magistratura. El voto unánime de los ministros Miryam Peña, Antonio Fretes y Gladys Bareiro hizo lugar a la inconstitucionalidad, pues entendió que la resolución, como acto normativo de carácter particular, es justiciable en la medida en que puede controlarse que haya sido dictado dentro del límite de la Constitución. La remoción del diputado sin juicio político previo, sin principio de defensa y sin debido proceso es irregular, pues, para la CSJ, decisiones que contienen una desvinculación en el ejercicio del cargo, el deber de motivarla requiere una especial relevancia. Un elemento esencial de juridicidad como contraposición a la arbitrariedad [Acuerdo y Sentencia 300 del 10 de mayo de 2018]. En igual sentido votaron los ministros Miryam Peña, Antonio Fretes y Miguel Bajac al declarar la inconstitucionalidad de la Resolución 2696 de la Cámara de Diputados que removió al diputado Eusebio Alvarenga como miembro del JEM [Acuerdo y Sentencia 521 del 12 de julio de 2018]. Razones vinculadas al debido proceso fueron también expresadas en la inconstitucionalidad que declaró la CSJ con el voto unánime del ministro Sindulfo Blanco y los camaristas Arnaldo Martínez Prieto y Eusebio Melgarejo en el caso del Dr. Agustín Lovera Cañete. La acción había atacado el Decreto PE 2780 del 25/08/2009 con el que el presidente Fernando Lugo había denegado el acuerdo constitucional a su proposición como ministro para la CSJ. El decreto fue declarado inconstitucional, ineficaz e inválido por su falta de motivación [Acuerdo y Sentencia 805 del 3 de septiembre de 2018]. Todos estos casos muestran acabadamente que la Corte Suprema de Justicia ejerce plenamente el control de constitucionalidad sobre los actos de gobierno de otros poderes del Estado y los considera justiciables en la medida en que, sin ingresar al fondo o al campo discrecional de la decisión propia de cada Poder del Estado, esta se toma violando la Constitución, con el incumplimiento de procedimientos, del debido proceso, de formalidades, del derecho a la defensa, de facultades y prerrogativas regladas o, incluso, de deberes de motivación.

La acción de inconstitucionalidad iniciada por la senadora Kattya González contra la Resolución 431 de la Cámara de Senadores es claramente una cuestión justiciable. Pues la CSJ así lo viene sosteniendo en reiterados fallos (1995, 1996, 1998, 2016, 2018). Sobre todo, considerando que la acción sostiene que aquella viola la Resolución 429 del 20/12/2023 que establece el Reglamento interno de la Cámara de Senadores y reglamento de la pérdida de investidura, vigente al momento. Este exige una mayoría absoluta de dos tercios tanto para tomar la decisión (art. 10) y para su modificación (art. 11). Sobre una composición de 45 senadores, la Cámara precisaba 30 (treinta) votos para decidir o para modificarlo, reduciendo el quórum. La decisión, empero, sin modificación previa, se tomó con 23 (veintitrés) votos favorables. La acción, así planteada, apunta a cuestionar no la decisión política de la remoción (fondo) sino el incumplimiento procesal (formal) del quórum necesario para tomar la decisión. De ahí que, en mi opinión, la atención debe centrarse única y exclusivamente en la naturaleza jurídico procesal de la resolución atacada de inconstitucional.

La pérdida de investidura, específicamente, tampoco es un caso de estudio que la CSJ no haya considerado antes. La senadora María Eugenia Bajacinició una acción de inconstitucionalidad contra la Resolución 1292 de la Cámara de Senadores que determinó su pérdida de investidura. Si no fuere por lo extemporáneo de su presentación, no se hubiese rechazado in limine. Pero las consideraciones de los ministros Antonio Fretes, César Diesel y Eugenio Jiménez muestran la relevancia que la CSJ le otorga al juzgamiento de este tipo de casos y al posicionamiento de la CSJ en consonancia con sus fallos anteriores [AI 2115 del 14 de diciembre de 2020]. Lo propio se aprecia en la acción iniciada por el senador Víctor Bogado contra la Resolución 523 de la Cámara de Senadores que lo removió por su pérdida de investidura. La CSJ decidió en pleno, con el voto de dos (2) ministros César Diesel y Alberto Martínez y siete (7) camaristas Giuseppe Fossati, Alejandrino Cuevas, Linneo Ynsfrán, Carmelo Castiglioni, Mirtha Ozuna, Enrique Mercado y Miguel Ángel Rodas. La CSJ entendió que son justiciables las cuestiones formales o procedimentales. El caso fue rechazado dado que el propio senador declinó en sesión de la Cámara ejercer su derecho a la defensa [Acuerdo y Sentencia 386 del 28 de junio de 2021]. El mismo día fue resuelto el caso del senador Dionisio Amarilla quien accionó contra la Resolución 645 de la Cámara de Senadores que lo removió por su pérdida de investidura. Planteó la incompetencia de la Cámara de Senadores, dándosela al Tribunal Electoral. La CSJ decidió en pleno, con el voto de cuatro (4) ministros César Diesel, Alberto Martínez, Carolina Llanes, Manuel De Jesús Ramírez Candia y cinco (5) camaristas Giuseppe Fossati, Verónica Velázquez, Neri Villalba, Enrique Mongelós y Guido Cocco. Salvo la disidencia de Giuseppe Fossati, la CSJ no encontró violación del derecho a la defensa ni incompetencia de la Cámara, por lo que rechazó la acción [Acuerdo y Sentencia 387 del 28 de junio de 2021]. El caso del senador Paraguayo Cubas iniciado contra la Resolución 1149 de la Cámara de Senadores fue rechazado in limine por extemporáneo [AI 322 del 16 de marzo de 2021] y la cuestión de fondo fue dirigida contra una sentencia del TSJE, que la CSJ consideró carente de objeto [Acuerdo y Sentencia 685 del 10 de diciembre de 2021]. La remoción del senador Paraguayo Cubas y la designación del senador suplente Miguel Fulgencio Rodríguez llevó a la senadora Yolanda Paredes a iniciar una acción de inconstitucionalidad contra una Resolución de la Cámara de Senadores. La CSJ entendió que al no individualizarla, incumplió requisitos formales de admisibilidad y fue rechazada in limine [AI 846 del 7 de julio de 2022]. Mientras escribo, se mantiene en trámite la inconstitucionalidad iniciada por el diputado Carlos Portillo contra la Resolución 2484 de la Cámara de Diputados, admitida [AI 434 del 12 de mayo de 2022]. En un último caso, la CSJ declaró inoficiosa la inconstitucionalidad del senador Paraguayo Cubas contra la Resolución 783 de la Cámara de Senadores que lo suspendió en sus funciones y la Resolución 787 que designó su reemplazo [Acuerdo y Sentencia 882 del 21 de agosto de 2024]. Este breve recuento (2020, 2021, 2022 y 2024) muestra que la CSJ considera con cierta frecuencia asuntos similares al de la senadora Kattya González.

Si se consideran las cuestiones justiciables analizadas por la CSJ (1995, 1996, 1998, 2016, 2018) y los casos de pérdida de investidura estudiados (2020, 2021, 2022 y 2024), puede advertirse que la actual composición de la Sala Constitucional ampliada en pleno de la CSJ que atenderá el caso de Kattya González encuentra seis (6) integrantes que ya emitieron votos individuales en casos similares. Si la CSJ es coherente y consistente con sus posiciones institucionales anteriores, la acción de Kattya González debería prosperar. Si, incluso, cada uno de sus miembros es coherente y consistente con sus votos anteriores, la acción ─en mayoría─ debería prosperar. Es difícil saber qué votarán los restantes miembros. Pero queda claro que la reciente recusación planteada por la Cámara de Senadores en contra del Dr. Víctor Ríos y del Dr. Esteban Kriskovich es, en términos de precedentes, irrelevante. Sólo resta por esperar cómo se decantará el mandato constitucional que eleva al Poder Judicial como custodio de la Constitución: La interpreta, la cumple y la hace cumplir (art. 247). Hemos visto que en varias ocasiones la CSJ la interpretó y la cumplió. Lo único que resta por determinar es: ¿la hará cumplir?

por Robert Marcial González. 6 de junio de 2025

En memoria de Fernanda Benítez (+) y Fernando Báez Sosa (+)

El atroz crimen que truncó la vida de Fernanda Benítez, una joven alegre y soñadora de apenas 17 años, conmocionó y estremeció a la comunidad paraguaya tanto como el horrendo asesinato que apagó para siempre la luz del joven de 18 años, hijo de paraguayos, Fernando Báez Sosa, asesinado brutalmente a golpes hace cinco años en la Argentina.

El autor material del macabro asesinato de Fernanda en el Paraguay así como los autores materiales del cobarde asesinato de Fernando en la Argentina, fueron rápidamente identificados y encarcelados. Jóvenes de entre 17 y 21 años quienes, a pesar de encontrarse perfectamente integrados a la comunidad, actuaron con la misma saña, brutalidad, alevosía criminal y sicopática frialdad que distingue a los sicarios que sirven al crimen organizado.

Ahora bien, siendo acaso la finalidad principal del proyecto democrático la de generar condiciones sociales, culturales, políticas y económicas que, permitan primero y garanticen después, la vida armónica en comunidad, ¿es suficiente que hayamos identificado y penalizado a los monstruos que perpetraron los espeluznantes crímenes o debemos profundizar en las causas de la amoral conducta de los jóvenes implicados? ¿Los sicópatas que perpetraron ambos asesinatos, actuaron solos o tuvieron cómplices? ¿Podemos pensar en autores morales que indujeron de algún modo la conducta sociópata de la que hacían gala los asesinos en sus interacciones? En su caso, ¿cómo los identificamos? ¿Basta con encerrar a los ejecutores o es preciso tomar otras medidas en múltiples niveles sociales y estructurales?

Si entendemos a la Democracia como un proyecto de vida comunitaria basado en valores, creencias y tradiciones compartidos -y no solamente como un método aritmético de tomas de decisiones o de validación de relaciones de poder-, es clave que, como sociedad, abordemos y profundicemos esas y otras interrogantes pues, con mucha vergüenza y profundo dolor, debemos admitir que estamos haciendo mal las cosas y que el paradigma democrático no solo no está permeando en el imaginario colectivo, sino que, peligrosa y tristemente, está cediendo su lugar ante el auge representado por la “cultura narco” que se instaló en todos los niveles y estratos de la vida…

Cúpulas partidarias centradas exclusivamente en pujas de poder, dirigentes políticos incapaces de brindar oportunidades de inclusión genuina a través del empleo digno, carencias absolutas y lacerantes en materia de acceso a la salud, a la educación, al transporte público o a los beneficios de la cultura o el deporte, instituciones manejadas por burócratas indolentes que tomaron al Estado como botín de guerra, ciudadanos que deambulan cotidianamente rumbo a sus hogares o a sus trabajos en “tierra de nadie” por falta de seguridad, etc., son apenas algunas de las tantas muestras que dan cuenta de que, en el Paraguay, la Democracia no es vista ni considerada como un proyecto virtuoso de vida en común.

Si bien es difícil esperar que los atributos de la ciudadanía democrática sean ejercidos con plenitud en un contexto que, además de estar signado por la exclusión, la marginalidad y el vandalismo, reduce la vida de la gente al sacrificado rebusque en actividades de mera subsistencia, la sociedad civil no está exenta de responsabilidad a la hora de evaluar las causas que luego desembocan en las terribles tragedias como las que apagaron la vida de Fernanda y de Fernando.

En efecto, atrapados en la vacía fascinación que genera el consumo o idiotizados en la adicción de las alienantes y embrutecedoras redes sociales, los ciudadanos hemos claudicado en nuestra tarea de ser canalizadores del paradigma democrático a través del ejercicio de gestos cotidianos como el cuidado que debemos brindar a nuestro entorno a nivel familiar, escolar, barrial, laboral, etc, o de la puesta en práctica del esfuerzo y la dedicación requeridos para alcanzar resultados virtuosos en la vida.

Como las cúpulas de poder que gobiernan el Paraguay instalaron que se puede ser multimillonario de la noche a la mañana sin esfuerzo alguno, bastando para ello un cargo político desde donde se pueda ser funcional a la generosa y ensangrentada billetera del crimen organizado, no solo se ha eliminado la cultura del trabajo y del esfuerzo sino que, muchos incluso aspiran el “estilo de vida narco”.

Por obra del deterioro del tejido comunitario causado por el actuar inescrupuloso de las cúpulas partidarias, las familias y las escuelas, a su vez, se han desentendido de su misión de apuntalar los procesos de socialización primaria y secundaria sin los cuales es imposible internalizar valores comunes o desarrollar empatía hacia el prójimo y, menos aún, lograr que los jóvenes encaucen sus vidas para transitar la senda de la virtud.

Gangrenada por una praxis donde, desde el ejemplo, la cúpulas de poder hacen gala de su desprecio hacia las reglas de juego, hacia las leyes, hacia las minorías, hacia las voces críticas, hacia las políticas públicas que permitan una inclusión genuina, hacia toda forma de disenso, hacia la transparencia, etc., la Democracia paraguaya, entendida siempre como modelo de convivencia comunitaria basada en valores compartidos, está herida de muerte.

De un lado, familias atrapadas en el dilema de la subsistencia, sin tiempo y sobre todo, sin voluntad para asumir el compromiso de la educación integral de los hijos; y, del otro, Escuelas, Colegios y Universidades que, por complacencia o desidia han decidido orientar sus esfuerzos únicamente en satisfacer la voracidad burocrática del Estado y que se dedican a hacer apología de los valores del mercado para garantizar la “formación” de esclavos modernos, son la evidencia palpable (enfatizo, dolorosamente palpable), de que detrás de las atrocidades que apagaron para siempre la vida de Fernanda y la de Fernando, existe todo un aparato perverso y una perniciosa estructura institucional, social y política, a la que cabe endilgar la complicidad e incluso, la autoría moral de los crímenes cometidos por jóvenes extraviados contra jóvenes sin esperanza… Esperanza que les fue arrebatada tanto por sus verdugos como por quienes, desde las cúpulas de poder, optan por atajos perniciosos en beneficio personal antes que orientar sus esfuerzos para transformar positivamente la sociedad brindando oportunidades de un mundo mejor para los jóvenes…

Ahora bien, esperar que las cúpulas de poder que gobiernan el Paraguay, principales responsables del deterioro del tejido social, sean las que se encarguen de nutrir con savia virtuosa a la Democracia, sería tanto como pretender que dictadorzuelos como Maduro u Ortega o tiranuelos como Trump o Putin, asuman conductas democráticas.

Por tanto, la compleja, inacabable y casi siempre ingrata labor de abonar el paradigma democrático, buscando que permeen los valores que posibilitan la vida comunitaria basada en la empatía y la solidaridad, nos compete a los integrantes de la sociedad civil en todos los niveles: Escuelas, colegios, universidades, organizaciones intermedias, medios de comunicación, empresas, gremios, asociaciones, iglesias, etc.

Para ello, es imperioso que entendamos que el proyecto democrático, desborda largamente su faz electoral o electorera. Es imperioso que, siguiendo al educador Bernardo Toro, recordemos que la “La democracia es una decisión que adopta una sociedad para percibir al mundo. Y si decide contemplar al mundo de esa manera, entonces tendría que preguntarse ¿cómo son las familias democráticas?, ¿las parejas democráticas?, ¿los noviazgos democráticos?, ¿las escuelas democráticas?, ¿los partidos democráticos?, ¿las empresas democráticas?, ¿qué poesía genera la democracia?, ¿qué arte genera la democracia? {…}. Cuando comenzamos a hacernos estas preguntas, la democracia se vuelve una cultura; mientras tanto, es un discurso vacío…”.

Mientras, como sociedad, sigamos evadiendo nuestro compromiso de generar, con acciones coherentes y no meros discursos vacíos, un modelo de convivencia donde, tanto las instituciones públicas y privadas como las personas, practiquemos cotidianamente, en todos los ámbitos, valores consustanciales a la vida, la dignidad, la libertad, la fraternidad, el honor y la igualdad, no solo seguirán multiplicándose situaciones desgraciadas como las que le arrebataron la vida a Fernanda y a Fernando, sino que todos, como sociedad, estaremos implicados en carácter de autores morales o cómplices de esas tragedias que ahora afectaron a dos familias concretas, pero que en cualquier momento, bien podrían llamar a nuestra puerta.

Aludiendo a las dificultades que tenemos los seres humanos a la hora de aprender a corregir y rectificar los errores -y los horrores- del pasado, el escritor Milan Kundera, en su lúcido ensayo titulado “El arte de la novela”, afirma que “habitamos el planeta de la inexperiencia”. La realidad, presente y pasada, signada siempre por la barbarie, la crueldad, el dolor y el tormento, confirma, una y otra vez, que nuestras sociedades no son proclives a ejercitar la memoria colectiva lo que dificulta la quijotesca tarea de “desfacer entuertos”…

Desolado y devastado por todo el dolor que produjo la pérdida de las jóvenes vidas de Fernanda -hoy- y de Fernando -ayer-, hago fuerzas para que, como sociedad, decidamos de una vez, poner en práctica el saludable y necesario propósito de enmienda que debería suceder al mea culpa para que éste tenga algún valor… Solo de ese modo, honraremos la memoria de todos aquellos jóvenes a los que condenamos al infortunio sea como autores materiales, autores morales o cómplices…

Fernanda… Fernando, les fallamos. Con el alma trémula y el corazón deshecho, envío una plegaria al cielo esperando sepan perdonarnos…

por Robert Marcial González. 26 de mayo de 2025

– En memoria de Don Guillermo Caballero Vargas –

Condicionada por su convulsa historia signada por revoluciones, conflagraciones bélicas, golpes de Estado, gobiernos militares y dictaduras cruentas, la sociedad paraguaya, acaso como ninguna otra en la región o el continente, no ha sabido internalizar aún a la Democracia Constitucional, entendida esta, como sistema de convivencia virtuoso basado en la praxis de valores como la honestidad, la tolerancia, la pluralidad, el respeto a las minorías, a las reglas de juego, a las libertades preferidas o a las voces críticas, la transparencia y el buen manejo de la cosa pública, la inclusión, la igualdad de oportunidades, etc., que deben ejercitarse en el plano individual y colectivo, para que luego permeen genuinamente a nivel familiar, cultural, social y político.

Basta una rápida hojeada a los libros de texto o los programas académicos de las escuelas, colegios y universidades, para advertir, que los tributos y reconocimientos bibliográficos que brinda la historia del Paraguay, están orientados, casi con exclusividad, a homenajear a militares y caudillos que forjaron su prestigio a punta de sables, espadas, fusiles y cañonazos. El dato puede ser corroborado por cualquiera que decida dar un paseo por las maltrechas calles de Asunción. Sin esfuerzo alguno, podrá advertir que casi la totalidad de los carteles que nombran nuestras plazas o avenidas, más allá de alguna esporádica mención a países hermanos, recuerdan, principalmente, a referentes del ámbito castrense o a fechas ligadas a gestas militares.

El largo, complejo e inacabable proceso de construcción de la Democracia, además de garantizar el voto periódico o de estructurar formalmente la institucionalidad del Estado, requiere, exige y demanda una ardua tarea de divulgación simbólica que ayude a que la Comunidad conozca, identifique, visibilice y rinda tributo a los héroes civiles como las mujeres valientes, los maestros y maestras comprometidos, los académicos e investigadores rigurosos, deportistas sacrificados, referentes de la música, la cultura, el teatro, en fin, los verdaderos beneméritos de la Democracia quienes, con su testimonio de vida y a través del compromiso genuino para con su entorno y su Comunidad, inspiran, desafían, interpelan, ayudan, estimulan y brindan oportunidades de superación individual y colectiva.

Tal es el caso, precisamente, de DON GUILLERMO CABALLERO VARGAS quien, penosamente, acudió al llamado celestial el domingo 25 de mayo de 2025. Buscando, en igual medida, mitigar el profundo dolor que me aflige y honrar la memoria de un gran referente de la Comunidad, permítanme apuntar que, si bien su partida, como la de muy pocas personas, es verdaderamente irreparable, no creo que pueda decirse que, a nivel comunitario, deje un vacío…

Muy por el contrario… como ocurre con los grandes referentes comprometidos con los valores del Humanismo, DON GUILLERMO CABALLERO VARGAS, supo llenar de manera virtuosa y creativa absolutamente todos los vacíos que encontró en la sociedad paraguaya. Aró, sembró y cosechó incansablemente y en muchísimos planos, durante toda su vida… Llenó de manera virtuosa tantos vacíos, que su presencia constante y duradera está garantizada por siempre tanto en el corazón de sus afectos como en el sentimiento comunitario.

En el plano social, promovió de manera incansable miles de empleos dignos y decentes a través de numerosos emprendimientos que, de manera sostenida, han mejorado no solo la calidad de vida de varias generaciones de personas y familias sino de ciudades enteras a lo largo y ancho del país.

En el plano político, no dudó en salir de su zona de confort para comprometerse desde la acción y el testimonio en el debate público, asumiendo siempre, con valentía y coraje, posiciones claras y firmes en defensa de la institucionalidad republicana y el fortalecimiento de la Democracia Constitucional.

En el plano económico, trabajando de sol a sol, dio vida y motorizó el mercado local asumiendo riesgos, inyectando capital y generando alianzas estratégicas con inversores internacionales quienes, encontraban en la persona de DON GUILLERMO CABALLERO VARGAS, el aval, la confianza, el terreno fértil y la credibilidad negados sistemáticamente por un esquema político corrupto y clientelar, copado por oportunistas sin escrúpulos.

En el plano familiar, junto con su amada esposa IVONNE, mujer valiente y dedicada que lo acompañó toda la vida, codo a codo, en sus sueños, proyectos, ideales y convicciones, forjó afectos sólidos y educó con paciencia, dedicación, esmero, cariño, sabiduría e inteligencia emocional, hijos, hijas, nietos y nietas maravillosos que hoy prolongan su existencia y su legado virtuoso con la misma entrega, valentía, pasión y compromiso que distinguieron siempre a DON GUILLERMO CABALLERO VARGAS.

Con humildad estoica, alejado de los vacíos rituales mediáticos o de los grandilocuentes despliegues de vanidad y de las poses egocéntricas de las que hacen gala la mayoría de las personas que alcanzan un mínimo de protagonismo social, DON GUILLERMO CABALLERO VARGAS rehuyó sin titubeos de los atajos y los caminos torcidos o superficiales. Le dio siempre, siempre, siempre contenido virtuoso a todos los espacios en los que interactuó. Empeñado en combatir la mediocridad a través del ejemplo y la cultura del trabajo, elevó la vara cada vez que pudo y ayudó a mejorar un sinfín de estándares tanto individuales como comunitarios que desembocaron, finalmente, en felicidad colectiva.

En lo personal, me quedan, no solo las enseñanzas de un gran demócrata comprometido con su comunidad y con su tiempo, sino los bellísimos recuerdos de esos intercambios estimulantes en torno a la literatura, la filosofía, la política, la historia y la gastronomía que, de la mano de ese gran referente cultural, me permitieron aprender y crecer en varios planos de mi vida… En mi corazón, de manera indeleble, quedará viva la estampa de aquella fresca mañana dominical de invierno del 2024 en que, de la mano de su esposa, esbelto, elegante y señorial como fue siempre, se acercó a nuestro hogar, para llenarlo de calidez envolviendo con un abrazo honesto y generoso a mi hermana y a mis padres en medio de uno de los tantos avatares políticos que afectaron a mi familia.

El filósofo escocés Alasdair Macintyre, referente del COMUNITARISMO -fallecido hace apenas unos días- defendía la viabilidad de una ética de las virtudes a condición de que seamos capaces de pensar nuevas formas de comunidad que hagan posible el cultivo de esas virtudes.

DON GUILLERMO CABALLERO VARGAS dedicó su vida entera no solo a pensar sino a poner en práctica esas nuevas formas de comunidad a las que refiere el filósofo. Consagró su vida a la noble tarea de arar el terreno cívico para que, desde el ejercicio de las virtudes individuales, sea factible la siembra de virtudes colectivas… Quienes aún disfrutamos del portentoso prodigio de vivir, debemos honrar la memoria de los beneméritos de la Democracia, dedicando tiempo y esfuerzo en cosechar lo sembrado por los grandes referentes comunitarios que, de manera coherente y más allá del facilismo discursivo, hicieron su parte para dejar el mundo un poquito mejor de lo que estaba cuando llegaron a él…

En beneficio propio, la sociedad paraguaya debería aprender a identificar primero y reconocer después, a aquellas personas que, genuinamente, han ayudado desde el ejemplo (insisto, desde el ejemplo) a perfilar una Democracia más robusta e inclusiva.

Fortalecer la dimensión simbólica de la Democracia honrando a los héroes civiles, no solo ayudará a que se haga justicia homenajeando a ese puñado de personas que nutre la vida comunitaria desde el ejemplo virtuoso sino, fundamentalmente, permitirá, que los jóvenes de hoy y las generaciones del mañana, pongan en práctica todos aquellos valores con los que DON GUILLERMO CABALLERO VARGAS marcó a fuego al Paraguay que tanto amó…

Gratitud eterna Don Guillermo (+)…

Robert Marcial González

por Robert Marcial González. 27 de abril de 2025

El fortalecimiento de la Democracia Constitucional depende, en gran medida, de la capacidad que tenga una sociedad de alimentar virtuosamente las múltiples dimensiones que definen el complejo modelo jurídico — político de convivencia que nos dimos para proyectar la vida en comunidad.

Así por ejemplo, en su faz participativa, la Democracia Constitucional se fortalece en la medida que los ciudadanos se involucren con intensidad en el debate público; mientras que, en su faz simbólica, cobra vigor cuando los gobernantes aprenden a emitir señales coherentes con los principios y valores que la definen y que permiten generar cohesión social.

Como muestra gráfica del virtuosismo participativo, pienso en la incansable labor de referentes combativos como Rosa Parks o Martin Luther King, verdaderos paradigmas del compromiso cívico durante la segunda mitad del siglo pasado; mientas que, en lo que refiere a la dimensión simbólica, tengo muy viva la imagen de Nelson Mandela luciendo la camiseta de rugby de su selección durante el mundial que organizó Sudáfrica en 1995 poco después del cese del oprobioso apartheid, para lograr así, mediante un gesto simbólico de raigambre deportiva, la cohesión definitiva de la sociedad partiendo del perdón y del respeto testimoniados con ese detalle en apariencia menor pero cuyo impactó fue decisivo, primero en el campo deportivo e inmediatamente después, en términos de convivencia democrática.

Por tanto, esa gran caldera que denominamos Democracia Constitucional, se alimenta de modo virtuoso, no única pero sí principalmente, en la medida en que la ciudadanía aborde, profundice y analice todas las decisiones trascendentes que orientan la conducta de los gobernantes y, también, en la medida en que éstos sean capaces de emitir mensajes simbólicos que reflejen respeto, gratitud, consideración, empatía, inclusión, transparencia, compromiso con el manejo honesto de la cosa pública, entre otros principios que se desprenden de la trilogía de valores que nos legaran las dos grandes revoluciones (americana y francesa) del siglo XVIII: libertad, igualdad y fraternidad.

Es en ese contexto, que estimo prudente que la ciudadanía aborde y evalúe la decisión del Presidente Santiago Peña de no asistir personalmente al funeral del Papa FRANCISCO, para priorizar un evento privado donde recibiría un reconocimiento individual. En definitiva, es clave que la sociedad tenga claro, más allá del plano discursivo, si quienes gobiernan o quienes integran los poderes públicos, se muestran o no coherentes con lo que predican a boca llena. Como ciudadanos, debemos aprender de una vez por todas, que las personas se definen por lo que hacen y no por lo que dicen.

En efecto, ni bien el Presidente de la República anunció que priorizaría un evento privado previsto para que se le brinde un reconocimiento personal por sobre el funeral del Papa FRANCISCO, se hicieron sentir las críticas ciudadanas. Tratando de enfrentar las voces críticas, el Presidente del Congreso, con el simplismo intelectual reptiliano del que hace gala habitualmente, señaló que “el grado de catolicismo de Santiago Peña no puede medirse por su decisión de no asistir al funeral del Papa así que fin de la discusión”. El descargo del circunstancial y coyuntural abogado de Peña, es relevante para calibrar tanto el Don de gobernante como el Don de gente del titular del Ejecutivo. La defensa dada en su representación, es doblemente ilustrativa en términos cívicos si se considera que ambos Presidentes (del Ejecutivo y del Legislativo) comparten idénticos valores, idénticas convicciones e idéntica praxis política.

Personalmente, considero que la justificación dada por el Presidente del Congreso hubiese zanjado la polémica de no haber sido por tres detalles que transcienden la esfera del cómodo y edulcorado catolicismo que practica el Presidente Peña, a saber: i) El discurso de “Dios, patria y familia” que, de la boca para afuera, orienta las pulsiones autoritarias de la mayoría oficialista coyuntural; ii) La línea de acción principista que, en su encapsulada auto percepción, el Sr. Peña dice respetar; y, iii) El hecho cierto que representa que ningún otro Papa en la historia hizo tanto pero tanto en términos reales y simbólicos por el bien del Paraguay, como lo hizo Jorge Mario Bergoglio.

En términos de debate público ¿qué nos dice entonces la decisión de Santiago Peña de priorizar su presencia a un acto privado de premiación personal y no asistir personalmente al funeral del Santo Padre? Para no abusar de la paciencia de mis escasos y sufridos lectores, abordaré la interrogante únicamente desde media docena de claves democráticas, desechando, al menos, otras tantas aproximaciones de tinte cívico que bien podríamos agregar al debate.

a) En clave democrática y republicana nos dice que, en la práctica y más allá del plano meramente discursivo, el Sr. Peña no adhiere al idealismo principista kantiano desde el cual pontifica sino que, en rigor, es un férreo militante de la versión más rancia del utilitarismo instrumental que cosifica a las personas sin atender la dignidad intrínseca que se reivindica desde el cristianismo o el humanismo.

b) Como consecuencia inevitable de lo anterior, nos dice que para el Presidente Peña, las personas cuentan, única y exclusivamente, si a él le sirven para sus fines utilitarios (léase electorales). Vale recordar a este respecto, que el Sr. Peña no envió emisarios a la Santa Sede cuando tuvo la oportunidad de conocer en vida al Papa FRANCISCO sino que, muy por el contrario, llevó a toda su parentela para luego utilizar en provecho propio las fotografías que se tomó con el Santo Padre. En su concepción utilitaria del ser humano, una vez muerto, el Papa se volvió desechable por lo que es lógico que haya despreciado el funeral en aras de su premiación personal…

c) Siempre en clave democrática, la decisión del Presidente Peña de despreciar el funeral del Santo Padre, nos dice que en su visión de “Dios, patria y familia”, el primer componente de la ecuación es apenas una nota de color y por ello, no tuvo prurito alguno en dejar de lado el funeral de quien, conforme al culto que dice abrazar con tanta fe, es, nada más y nada menos, que el representante de Dios en la tierra.

d) En clave política, la decisión del Presidente Peña nos dice que si en su agenda compiten por el mismo espacio eventos personalísimos de condecoración adulona y eventos de transcendencia pública medulares para el sentir popular, priorizará los espacios funcionales al estímulo de su vanidad y su ego.

e) Nos dice que la gratitud genuina, esa que emana desde el corazón, no integra su repertorio axiológico pues resulta, sencillamente inentendible, que ni siquiera haya sido capaz de, al menos, ejercitar el arte civilizador de la hipocresía para testimoniar un afectuoso y sentido agradecimiento a alguien que, como el Papa FRANCISCO, le hizo saber al Paraguay, con afecto y amor infinitos, que quería nuestro país, que valoraba el coraje y el compromiso de la mujer paraguaya, que gustaba de las delicias típicas elaboradas por las manos de trabajadoras y trabajadores incansables de nuestra sufrida tierra, que visitó el Paraguay para acercarnos personalmente su testimonio de amor fraternal y paternal, que recibió tantas veces a los mandatarios paraguayos en la Santa Sede, por citar solamente algunas de las muchísimas muestras genuinas de consideración hacia nuestro país.

f) Coherente con lo que viene ocurriendo desde que asumió el poder, la decisión del Presidente de no asistir personalmente al funeral del Santo Padre, nos dice, finalmente, que el sentimiento del pueblo y las prioridades de la gente, siempre quedarán postergados si compiten con espacios que le sirven para barnizar su ego, alimentar su narcisismo primario y ejercitar su adolescente vanidad.

La historia le brindó a Santiago Peña la brillante oportunidad de conquistar el bronce en beneficio propio y de todo el Paraguay…lamentablemente para la suerte de nuestro país, Peña desechó el bronce para perseguir el oro… En su relación con el Papa FRANCISCO, sus actos demostraron que lo instrumentó en vida para satisfacer su vanidad mediática cuando las fotos a su lado le fueron útiles y funcionales y lo desechó (se enfatiza, lo desechó) cuando acudió al llamado del Padre Celestial porque simplemente no le era rentable ni electoral ni comercialmente la foto junto al ataúd del Santo Padre.

No pasará mucho tiempo para que Santiago Peña, como ha ocurrido miles de veces a lo largo de la historia con otros ególatras ensoberbecidos por la parcelita de poder que encontraron casi de manera fortuita, corra con la misma suerte que, según la mitología griega, padeció Narciso, ese pobre diablo que vivía enamorado de sí mismo hasta que se lo tragó el estanque donde, con placer onanista, se regocijaba todos los días contemplando su triste y vacío reflejo.

Robert Marcial González

Por María José García Ascolani^* y Juan Pablo Irrazabal^* *

Nociones preliminares

El capítulo sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay se enmarca en una obra pionera que ofrece un análisis comparativo de la jurisprudencia de quince altas cortes de América Latina y el Caribe, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La investigación que recoge el volumen tuvo por objetivo identificar los fundamentos que sustentan las decisiones de las cortes y, de esta manera, brindar a investigadores y juristas una herramienta útil para comprender los fundamentos de las decisiones judiciales en América Latina y contribuir así al fortalecimiento de la justicia en la región.

En el capítulo sobre Paraguay, en específico, se dedica a analizar y caracterizar los principales lineamientos del razonamiento constitucional empleado por la Corte Suprema de Justicia. Para desarrollar este estudio, se ha seleccionado una muestra de cuarenta fallos relativos al control de constitucionalidad, emitidos entre los años 1995 y 2018.

El método de investigación empleado ha sido el cualitativo y el cuantitativo. Cualitativamente, se ha buscado construir el contexto jurídico, político e institucional de nuestra jurisdicción constitucional. En él se han incluido elementos característicos de la cultura legal y política, el rol de la Corte y el litigio ante ella, así como el proceso de nombramiento de jueces. Cuantitativamente, se han analizado 40 fallos emblemáticos y estratégicos de acuerdo con un conjunto de indicadores bien definidos. 

En suma, no se ha buscado analizar las decisiones de los jueces, sino que más bien, se ha examinado estrictamente el razonamiento de los jueces de la Sala Constitucional considerado como la construcción de argumentos con base en la Constitución.

Métodos e ideas interpretativas más favorecidos por la Corte Suprema de Justicia del Paraguay

La Corte ha adoptado un enfoque marcadamente formalista en su interpretación constitucional, priorizando el análisis literal de las normas y su armonización interna. Esta metodología ha reforzado la relación vertical entre la Corte y los demás órganos jurisdiccionales, al establecer una clara jerarquía normativa.

La doctrina paraguaya ha dedicado escasa atención al análisis de la relación entre la Corte Suprema y los demás poderes del Estado, así como a su posicionamiento frente a la sociedad civil. El lenguaje técnico empleado en las sentencias evidencia que el público objetivo de la Corte son los jueces y los operadores jurídicos, más que la ciudadanía en general. Si bien la Corte ha emitido fallos con una aparente fundamentación, esto no implica necesariamente una postura activista. Solo en casos excepcionales, la Corte ha buscado una mayor participación ciudadana.

El método exegético, es el predominante en 17 de los 40 fallos emblemáticos, evidenciando una marcada tendencia formalista en la jurisprudencia paraguaya. Si bien, se han empleado, en casos excepcionales, métodos interpretativos sistemáticos y armónicos para fundamentar fallos de trascendencia jurídica y de aplicación erga omnes. 

El análisis de los 40 fallos revela una ausencia de una doctrina coherente sobre la interpretación judicial en Paraguay. La mayoría de las decisiones se basan en argumentos superficiales, como la transcripción de hechos, la identificación de incompatibilidades normativas y el análisis gramatical. Aunque se emplean otros métodos, como el teleológico, la justificación de las interpretaciones suele ser escasa y poco profunda. El uso de argumentos retóricos, aunque común en la judicatura, merece un análisis más detallado, especialmente considerando su creciente presencia y potencial influencia en decisiones específicas.

Diálogo judicial a nivel regional 

El estudio revela la falta de impulso del diálogo interjurisdiccional en la práctica judicial paraguaya. La escasa consideración de la jurisprudencia del Sistema Interamericano impide una mayor armonización del derecho interno con los estándares internacionales. 

La incorporación de criterios interpretativos y soluciones provenientes del sistema regional permitiría enriquecer los análisis jurídicos y garantizar una mayor coherencia con el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos. 

El volumen

El libro “Constitutional Reasoning in Latin America and the Caribbean” fue lanzado el pasado 5 de septiembre y se encuentra a disposición de los interesados en la página web de la editorial Hart Publishing.

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^*María José García Ascolani.  Abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Máster en Protección Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá de Henares, España. Investigadora, consultora y docente en el área de Derechos Humanos. Email: majogarciaa@gmail.com

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^** Juan Pablo Irrazabal Jurista egresado de la Universidad Católica de Asunción. Máster en leyes por la Universidad de Bonn, Alemania. Doctorando en la cátedra de derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal europeo y derecho penal internacional. Email:  s3juirra@uni-bonn.de

por Robert Marcial González. 6 de noviembre de 2024.

En un artículo anterior titulado “La indolencia del burócrata”, centramos la aproximación reflexiva y la mirada crítica en la ligereza y la displicencia con la que las personas que integran el Poder Judicial deciden sobre la libertad, el patrimonio, los derechos y las garantías de todos los ciudadanos. Tomamos como ejemplo emblemático del destrato denunciado, la ruindad cometida en contra del Profesor Luis Alberto “Beto” Riart. El ensayo aludido puede consultarse en: https://robertmarcialgonzalez.medium.com/la-indolencia-del-burócrata-0dfcfc30de71.

Sin embargo, más allá del sombrío panorama generado por burócratas indolentes que integran un poder Judicial venal, la desesperanza no puede ser una opción para los ciudadanos comprometidos. Entonces, de manera a complementar las reflexiones críticas expuestas en el ensayo anterior, repasaremos aquí algunas claves que podrían ayudarnos, en igual medida, tanto a contribuir activamente con el mejoramiento de la calidad de la democracia como a aliviar todo el pesar que hoy impregna la atmósfera. Para el efecto, de manera más esquemática que exacta, haremos referencia a algunos aspectos medulares que hacen a la Democracia Constitucional.

Precisamente, uno de los grandes prodigios de la Democracia Constitucional por encima de otros modelos políticos, radica en su versatilidad o elasticidad. Así, socialistas y anarquistas, liberales y conservadores, colectivistas e individualistas, partidarios del libre mercado y defensores de la intervención estatal, católicos y protestantes, musulmanes y judíos, ateos y agnósticos, empresarios y sindicalistas, ius publicistas o ius privatistas, etc., encuentran en la Democracia el escenario ideal para vivir libre y dignamente en sociedad sin que tengan que someterse a la cosmovisión de los demás salvo en lo concerniente al respeto a las leyes cuya validez formal y material, a modo de resguardo y garantía, están condicionadas al acatamiento irrestricto de los procedimientos establecidos en la propia Constitución para la toma de decisiones públicas y al respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Idéntico razonamiento aplica para dotar de validez y legitimidad a una sentencia judicial.

Ahora bien, tratándose de un proyecto de vida comunitaria basado en valores compartidos, los prodigios de la Democracia Constitucional no operan en forma espontánea pues, como enseña el educador colombiano Bernardo Toro: “La democracia no es un partido, no es una ciencia, no es una religión; la democracia es una forma de ver el mundo, una cosmovisión. Por eso, nadie puede darle democracia a una sociedad, ningún político puede dársela. La democracia es una decisión que adopta una sociedad para percibir al mundo. Y si decide contemplar al mundo de esa manera, entonces tendría que preguntarse ¿cómo son las familias democráticas?, ¿las parejas democráticas?, ¿los noviazgos democráticos?, ¿las escuelas democráticas?, ¿los partidos democráticos?, ¿las empresas democráticas?, ¿qué poesía genera la democracia?, ¿qué arte genera la democracia? {…}. Cuando comenzamos a hacernos estas preguntas, la democracia se vuelve una cultura; mientras tanto, es un discurso…”.

Y, haciendo énfasis en el compromiso que la democracia requiere de las personas, el lúcido pensador colombiano agrega “Pero ¿qué es un ciudadano? Un ciudadano es una persona que es capaz de crear o modificar en cooperación con otros, el orden social que se quiere vivir, cumplir y proteger para la dignidad de todos. No nos hace ciudadanos ir a votar ni que nos elijan para un puesto público dentro del gobierno. Esos son derechos ciudadanos. Lo que nos hace ciudadanos es la capacidad de construir, en cooperación con otros, el orden social en que queremos vivir, para la dignidad propia y la de todos. Esto es lo mismo que participar. Pero participar no es estar en una reunión, ni estar en un grupo, ni tampoco contestar una encuesta. Se participa en la medida en que se puede modificar y transformar el orden social para la dignidad de todos. Por eso la democracia es una continua auto fundación del orden. La libertad no es posible si no hay orden, pero el único orden que da libertad es el que uno mismo construye.”

Como se puede advertir, la participación (y dentro de ella el ejercicio de los controles cívicos al ejercicio del poder político) resulta clave para que la Democracia pueda transitar de su faz formal a la faz sustancial. La Democracia no puede quedar reducida a un simple juego de validación de relaciones de poder. El gran desafío que enfrentan las Democracias Constitucionales apunta a desarrollar conductas cívicas que ayuden a que el modelo de valores permee en todos los niveles de la cultura de una sociedad para lo cual se hace imprescindible la participación ciudadana y el control al poder público en todas sus variantes.

La participación ciudadana y el adecuado control al ejercicio del poder son factores claves que permiten dotar de contenido al sistema jurídico — político que nos rige. La participación cívica y la activación permanente de las herramientas de control son el complemento ideal y sirven de pilares a la Democracia (ideal de autogobierno popular) Constitucional (ideal regulativo para limitar adecuadamente el ejercicio del poder público).

Tal como enseña el prestigioso constitucionalista mexicano Diego Valadés, “En una democracia funcional el control del poder involucra a todos los órganos del poder e implica que el ejercicio de éste sea: verificable para que se pueda comprobar lo que cada quien ha hecho; responsable para que se pueda sancionar a quien infrinja su deber; razonable, para que no se impida el cumplimiento de la función ajena; evaluable, para que se pueda medir la efectividad del cumplimiento de las asignaciones; renovable para que no se interrumpa la capacidad creativa de las instituciones; revisable, para que se puedan corregir los errores; y equiparable, para que no haya predominancias que perjudiquen el único interés supremo, que es el de los ciudadanos”

En esa línea, además de los controles institucionales derivados del mecanismo de frenos y contrapesos, la democracia ha ido evolucionando hacia nuevas formas de control y participación que ampliaron notablemente la perspectiva con respecto a las lúcidas ideas plasmadas por los Federalistas en la constitución americana de finales del siglo XVIII.

Si bien en plena efervescencia de la era tecnológica no resulta fácil (ni conveniente) encasillar o encorsetar a los mecanismos de control de los que dispone la ciudadanía para incidir en la calidad de la democracia, existe una clasificación interesante a la cual aludimos sintéticamente a continuación por considerarla sumamente didáctica y pedagógica para empoderar a la ciudadanía crítica.

Controles internos:

Los llamados controles internos están dados por los mecanismos institucionalizados en la propia Constitución como derivación y desarrollo de los checks and balances que los padres fundadores idearon para reducir el riesgo de abusos en el ejercicio del poder.

El profesor Valadés explica que el control al ejercicio del poder público “supone dos niveles distintos de acción: por un lado, los que el poder se auto aplica y, por otro, los que resultan de la actividad ciudadana. A la primera modalidad se la puede denominar controles internos, que se producen con diferentes grados de concentración o desconcentración. Los más concentrados son los que se ejercen dentro de un mismo órgano, y los más desconcentrados son los que se ejercen entre los órganos de un Estado federal…”.

Entre las herramientas de control interno diseñadas orgánicamente y comunes a cualquier Democracia Constitucional pueden citarse, entre otras: el Juicio Político, la interpelación, la rendición de cuentas, el voto de censura, la pérdida de confianza, la revocatoria de mandato, la interpelación, el control de constitucionalidad, el veto a proyectos de ley, el establecimiento de mayorías calificadas para tratar o aprobar ciertos temas, la participación de al menos dos poderes del Estado para decretar ciertas medidas que afectan a la libertad como el estado de excepción o el toque de queda, las instancias supranacionales de protección de Derechos Humanos, la pérdida de investidura, las comisiones parlamentarias de investigación, el pedido de informes, entre otras muchas herramientas pensadas para que los poderes se sientan sujetos a control permanente y se puedan transparentar las decisiones públicas.

Controles externos

Si acaso es cierto que la Democracia puede/debe ser asociada al gobierno de la gente o si acaso se considera importante darle entidad a esa ficción jurídico — política, resulta clave reforzar y/o añadir instancias de participación y control que den mayor protagonismo a la ciudadanía que muchas veces, sea por estrechez institucional del diseño representativo, sea por falta de voluntad política para ensanchar instancias de protagonismo cívico, sea por apatía propia de la población, reduce la participación al ejercicio del voto que se da cada cierto periodo de tiempo para validar relaciones de poder.

Precisamente, son los mecanismos externos de control los que mejor ayudan a dejar en evidencia a los burócratas indolentes cuya ligereza y nulo compromiso con la Democracia se agrava porque se saben inescrutables, lo que les brinda el marco de opacidad en el que operan a costa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El voto, como conquista cívico — política por excelencia, es fundamental pero insuficiente si lo que se quiere es alentar el protagonismo de la gente más allá del quehacer de los representantes o de los burócratas en general. Resulta que, tal como se halla perfilado desde hace más de doscientos años, el voto se reduce a un ejercicio monosilábico y esporádico (valga la rima) que se limita a validar una relación de poder alentada por estructuras partidarias o electorales que se preocupan menos en generar inclusión genuina que en copar espacios públicos para provecho personal o sectario. El Poder Judicial, como brazo ejecutor de la clase política, es paradigmático en ese sentido tal como lo grafica con elocuencia lo sucedido con el Profesor Beto Riart.

La ciudadanía plena se ejercita únicamente si, amén de concurrir a las urnas, nos involucramos en el debate propiciando espacios desde los cuáles se le pueda hacer saber a los indolentes burócratas que ejercitan el poder público desde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial que no nos toman del pelo impunemente. Salir a las calles, congregarse en las plazas, generar foros de discusión, contribuir con artículos y publicaciones de opinión, motivar a la sociedad, etc., etc., son formas democráticas tanto de ejercitar los controles como de hacer valer la dignidad frente a los embates del poder.

Para expresarlo en los términos utilizados por el filósofo Amador Fernández — Savater en su libro “Capitalismo Libidinal”, la clave pasa por convertir nuestro malestar en energía de transformación. De nada sirve la crítica victimista y resentida pues lo que se requiere es potencia afirmativa y de transformación. El ciudadano debe aprender a relacionarse con el malestar de otra manera, desde otra perspectiva.

El ejercicio no solo resulta necesario para fortalecer la musculatura cívica de la comunidad sino que, dadas las dificultades que asedian a las democracias modernas, deviene necesario si entendemos que el modelo de sociedad abierta resulta más conveniente para el ser humano que los proyectos de poder alternativos que discurren sobre la opacidad y la verticalidad autoritaria edificadas sobre premisas de corte oracular que son materializadas por quienes pretenden gobernar o imponer decisiones públicas a la manera de “guardianes platónicos” o “auxiliadores mágicos”.

Pero aún si el desencanto que reina en las sociedades hace que la ciudadanía descrea de las claves de participación que brinda la Democracia Constitucional, en última instancia, no podemos rehuir del mandato de nuestras consciencias. Por tanto, al menos desde allí, estamos obligados a preguntarnos qué nos queda ante tanta desesperanza; qué hacer ante tanta desesperanza!!. Y, desde ese lugar, hagamos de tripas corazón para encontrar fuerzas en las palabras del poeta Mario Benedetti cuando se preguntaba “Qué les queda a los jóvenes”:

¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de paciencia y asco?
¿sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo?
también les queda no decir amén
no dejar que les maten el amor
recuperar el habla y la utopía
ser jóvenes sin prisa y con memoria
situarse en una historia que es la suya
no convertirse en viejos prematuros

¿qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de rutina y ruina?
¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas?
les queda respirar / abrir los ojos
descubrir las raíces del horror
inventar paz así sea a ponchazos
entenderse con la naturaleza
y con la lluvia y los relámpagos
y con el sentimiento y con la muerte
esa loca de atar y desatar

¿qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de consumo y humo?
¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas?
también les queda discutir con dios
tanto si existe como si no existe
tender manos que ayudan / abrir puertas
entre el corazón propio y el ajeno /
sobre todo les queda hacer futuro
a pesar de los ruines de pasado
y los sabios granujas del presente.

Siguiendo al poeta, nuestras consciencias nos enfrentan al imperativo kantiano de la resistencia así que resistamos!

A pesar de los ruines del pasado y los granujas del presente, ejercitemos activamente la resistencia cuanto mas no sea, para transmitir un mensaje de esperanza a quienes, como el Profesor Beto Riart, sufren cotidianamente la ignominia de los burócratas indolentes.