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Por Emilio Camacho. 20 de septiembre 2024.

El Ministerio de Educación y Ciencia adquiere en propiedad un edificio  en el micro centro de Asunción,  es anotado y registrado a nombre de la institución, se compró legalmente y dentro del monto establecido por la tasación.

El ministro en ese entonces, Luis Alberto Riart, una vez fuera del cargo, es procesado y condenado a tres años de prisión, siendo uno de los pocos altos cargos que hoy purga su pena en prisión.- Los vendedores del inmueble, sin cuyo concurso hubiera sido imposible la realización siquiera del acto, no fueron procesados y por ende, jamás recibirán condena alguna, porque nunca existió delito.

Estamos ante un caso paradigmático de la utilización del sistema judicial y fiscal para perseguir al disidente, al que resiste  ante el establishment, al que no se rinde y reivindica una gestión trasparente y honesta. No reniega del proyecto educativo que condujo ni se vuelve zalamero con el vencedor. Entonces viene el castigo.

Esta utilización del sistema judicial para perseguir política y jurídicamente a opositores y disidentes tiene un nombre que se ha consolidado casi  en toda la región: law fare. Así condenaron  a Lula a prisión, procesan y acosan a Petro,  a Correa y Glass en Ecuador, a Marco Enríquez Ominami en México, a López Obrador en México,  etc., etc. Se valen de jueces y fiscales y así castigan a quienes no simpatizan con el poder dominante, a quiénes resisten.

El fallo ya ha sido confirmado por la Corte, pero no está todo dicho, aún quedan instancias jurisdiccionales donde pelear para revertir tanta barbaridad y ensañamiento con un hombre bueno. 

Pero en este proyecto que compartimos, aún queda mucho o casi todo por hacer desde una perspectiva jurídica. La atrocidad cometida nos recuerda a la voz del Salmista, que desesperado clama al señor:  “. Hasta cuando Señor juzgarán inicuamente y tendrán miramientos con los malos. Denle el favor al débil y al huérfano, hagan justicia al que sufre y al pobre; si los ven tan débiles e indigentes, sálvenlos de las manos de los impíos.”.

La maquinaria de la injusticia y la arbitrariedad se ha impuesto, un hombre inocente guarda penosa reclusión, separado de su esposa e hijos. El daño esta causado, el dolor y sufrimiento será siempre, desgarradoramente, irreparablemente,  de una persona y de su familia  o entorno  directo. Esto es irrefutable.

En estas condiciones, ¿Qué puede hacer este grupo de personas solidarias, algo que vaya más allá de las palabras de condolencias?. La respuesta es muy difícil de hallar, casi imposible, pero se me hace que el camino debe conducirnos a interpelar directamente, con vehemencia, a los principales responsables  de tan penosa situación: Los fiscales acusadores, los jueces que condenaron, los magistrados que confirmaron el fallo. Con nombre y apellido, de frente, llegar hasta ellos, en la línea del derecho vivo, porque el Juez no es un aplicador mecánico de la ley, como pretendía Montesquiéu siglos atrás, es una persona con una moral y religión determinada^[1], con una ideología y una mayor o menor entereza ante las presiones políticas, mediáticas y económicas; ese es el que aplica la ley. Una prueba irrefutable de esta argumentación, lo tenemos en los votos  en disidencia dados tanto en el Tribunal de Sentencia (con un voto en disidencia magistral que funda y prueba la inocencia de Riart) como en la  Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Puede que un rígido formalismo jurídico proteja a los autores de tanta injusticia, pero  jamás se puede convalidar ese procedimiento. El derecho no puede ni debe ser  un guardián que avale los crecientes desequilibrios sociales^[2], las acciones de la miseria humana, debe servir como elemento de transformación positiva en una sociedad.^[3]

En la democracia “el olvido” es la manera perfecta de consolidar las causas viles que destrozan inocencias y atropellan la dignidad humana. Buscan que la condena Riart se olvide, como era el objetivo del ostracismo en la antigua Grecia y como fue el exilio  con que se castigó a miles de compatriotas. Eso debemos impedir, hay que rescatar esta causa del olvido e interpelar a los autores de las sentencias definitivas a como dé lugar, día a día, como Antígona ante Creonte. La crítica a los fallos es libre, dice nuestra Constitución nacionalun disidente a tavés del Poder Judical,

En “Comentarios a una sentencia anunciada. El Proceso Lula”^[4] se demuestra en  forma evidente que, cuando  existe la decisión política de perseguir y condenar a una persona  disidente, utilizando el Law Fare, fatalmente se llegará a la condena.

La cuestión es  grave, porque en palabas de Alves Pintos, “..el autoritarismo ha cambiado de naturaleza, ya no se trata  de una interrupción del Estado democrático, sino de la inserción  de mecanismos autoritarios propios de la excepción dentro de la rutina democrática..^[5]”, en este caso, dentro de parte del Poder Judicial y de la Fiscalía.-.

Rescatar del olvido  y hacer noticia permanente de la causa Riart, es una tarea extremadamente difícil, pero necesaria, imprescindible: demostrar y evidenciar que Beto Riart fue objeto de una persecución política y judicial arbitraria, inconstitucional e inmisericorde.

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^[1] López Guerra, Luis. Un derecho vivo.

^[2] Atienza, Manuel. Podemos hacer más. Otra forma de pensar el derecho.

^[3] Ibid., ibid., p 11.-

^[4] Proner, Carol, Coordinadora. “Comentarios a una sentencia anunciada. El  proceso Lula”.

^[5] Garzón, Baltazar y otros. Objetivo: Cristina. El lawfare conta la democracia en Argentina.  Autoritarismo jurídico y law fare. P 164.-