Breve reseña sobre el capítulo de Paraguay en el volumen “Constitutional Reasoning in Latin America and the Caribbean” editado por Johanna Fröhlich

Por María José García Ascolani* y Juan Pablo Irrazabal* *

Nociones preliminares

El capítulo sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay se enmarca en una obra pionera que ofrece un análisis comparativo de la jurisprudencia de quince altas cortes de América Latina y el Caribe, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La investigación que recoge el volumen tuvo por objetivo identificar los fundamentos que sustentan las decisiones de las cortes y, de esta manera, brindar a investigadores y juristas una herramienta útil para comprender los fundamentos de las decisiones judiciales en América Latina y contribuir así al fortalecimiento de la justicia en la región.

En el capítulo sobre Paraguay, en específico, se dedica a analizar y caracterizar los principales lineamientos del razonamiento constitucional empleado por la Corte Suprema de Justicia. Para desarrollar este estudio, se ha seleccionado una muestra de cuarenta fallos relativos al control de constitucionalidad, emitidos entre los años 1995 y 2018.

El método de investigación empleado ha sido el cualitativo y el cuantitativo. Cualitativamente, se ha buscado construir el contexto jurídico, político e institucional de nuestra jurisdicción constitucional. En él se han incluido elementos característicos de la cultura legal y política, el rol de la Corte y el litigio ante ella, así como el proceso de nombramiento de jueces. Cuantitativamente, se han analizado 40 fallos emblemáticos y estratégicos de acuerdo con un conjunto de indicadores bien definidos. 

En suma, no se ha buscado analizar las decisiones de los jueces, sino que más bien, se ha examinado estrictamente el razonamiento de los jueces de la Sala Constitucional considerado como la construcción de argumentos con base en la Constitución.

Métodos e ideas interpretativas más favorecidos por la Corte Suprema de Justicia del Paraguay

La Corte ha adoptado un enfoque marcadamente formalista en su interpretación constitucional, priorizando el análisis literal de las normas y su armonización interna. Esta metodología ha reforzado la relación vertical entre la Corte y los demás órganos jurisdiccionales, al establecer una clara jerarquía normativa.

La doctrina paraguaya ha dedicado escasa atención al análisis de la relación entre la Corte Suprema y los demás poderes del Estado, así como a su posicionamiento frente a la sociedad civil. El lenguaje técnico empleado en las sentencias evidencia que el público objetivo de la Corte son los jueces y los operadores jurídicos, más que la ciudadanía en general. Si bien la Corte ha emitido fallos con una aparente fundamentación, esto no implica necesariamente una postura activista. Solo en casos excepcionales, la Corte ha buscado una mayor participación ciudadana.

El método exegético, es el predominante en 17 de los 40 fallos emblemáticos, evidenciando una marcada tendencia formalista en la jurisprudencia paraguaya. Si bien, se han empleado, en casos excepcionales, métodos interpretativos sistemáticos y armónicos para fundamentar fallos de trascendencia jurídica y de aplicación erga omnes. 

El análisis de los 40 fallos revela una ausencia de una doctrina coherente sobre la interpretación judicial en Paraguay. La mayoría de las decisiones se basan en argumentos superficiales, como la transcripción de hechos, la identificación de incompatibilidades normativas y el análisis gramatical. Aunque se emplean otros métodos, como el teleológico, la justificación de las interpretaciones suele ser escasa y poco profunda. El uso de argumentos retóricos, aunque común en la judicatura, merece un análisis más detallado, especialmente considerando su creciente presencia y potencial influencia en decisiones específicas.

Diálogo judicial a nivel regional 

El estudio revela la falta de impulso del diálogo interjurisdiccional en la práctica judicial paraguaya. La escasa consideración de la jurisprudencia del Sistema Interamericano impide una mayor armonización del derecho interno con los estándares internacionales. 

La incorporación de criterios interpretativos y soluciones provenientes del sistema regional permitiría enriquecer los análisis jurídicos y garantizar una mayor coherencia con el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos. 

El volumen

El libro “Constitutional Reasoning in Latin America and the Caribbean” fue lanzado el pasado 5 de septiembre y se encuentra a disposición de los interesados en la página web de la editorial Hart Publishing.


*María José García Ascolani.  Abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Máster en Protección Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá de Henares, España. Investigadora, consultora y docente en el área de Derechos Humanos. Email: majogarciaa@gmail.com


** Juan Pablo Irrazabal Jurista egresado de la Universidad Católica de Asunción. Máster en leyes por la Universidad de Bonn, Alemania. Doctorando en la cátedra de derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal europeo y derecho penal internacional. Email:  s3juirra@uni-bonn.de

Ejercitar la esperanza ante la indolencia del burócrata

por Robert Marcial González. 6 de noviembre de 2024.

En un artículo anterior titulado “La indolencia del burócrata”, centramos la aproximación reflexiva y la mirada crítica en la ligereza y la displicencia con la que las personas que integran el Poder Judicial deciden sobre la libertad, el patrimonio, los derechos y las garantías de todos los ciudadanos. Tomamos como ejemplo emblemático del destrato denunciado, la ruindad cometida en contra del Profesor Luis Alberto “Beto” Riart. El ensayo aludido puede consultarse en: https://robertmarcialgonzalez.medium.com/la-indolencia-del-burócrata-0dfcfc30de71.

Sin embargo, más allá del sombrío panorama generado por burócratas indolentes que integran un poder Judicial venal, la desesperanza no puede ser una opción para los ciudadanos comprometidos. Entonces, de manera a complementar las reflexiones críticas expuestas en el ensayo anterior, repasaremos aquí algunas claves que podrían ayudarnos, en igual medida, tanto a contribuir activamente con el mejoramiento de la calidad de la democracia como a aliviar todo el pesar que hoy impregna la atmósfera. Para el efecto, de manera más esquemática que exacta, haremos referencia a algunos aspectos medulares que hacen a la Democracia Constitucional.

Precisamente, uno de los grandes prodigios de la Democracia Constitucional por encima de otros modelos políticos, radica en su versatilidad o elasticidad. Así, socialistas y anarquistas, liberales y conservadores, colectivistas e individualistas, partidarios del libre mercado y defensores de la intervención estatal, católicos y protestantes, musulmanes y judíos, ateos y agnósticos, empresarios y sindicalistas, ius publicistas o ius privatistas, etc., encuentran en la Democracia el escenario ideal para vivir libre y dignamente en sociedad sin que tengan que someterse a la cosmovisión de los demás salvo en lo concerniente al respeto a las leyes cuya validez formal y material, a modo de resguardo y garantía, están condicionadas al acatamiento irrestricto de los procedimientos establecidos en la propia Constitución para la toma de decisiones públicas y al respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Idéntico razonamiento aplica para dotar de validez y legitimidad a una sentencia judicial.

Ahora bien, tratándose de un proyecto de vida comunitaria basado en valores compartidos, los prodigios de la Democracia Constitucional no operan en forma espontánea pues, como enseña el educador colombiano Bernardo Toro: “La democracia no es un partido, no es una ciencia, no es una religión; la democracia es una forma de ver el mundo, una cosmovisión. Por eso, nadie puede darle democracia a una sociedad, ningún político puede dársela. La democracia es una decisión que adopta una sociedad para percibir al mundo. Y si decide contemplar al mundo de esa manera, entonces tendría que preguntarse ¿cómo son las familias democráticas?, ¿las parejas democráticas?, ¿los noviazgos democráticos?, ¿las escuelas democráticas?, ¿los partidos democráticos?, ¿las empresas democráticas?, ¿qué poesía genera la democracia?, ¿qué arte genera la democracia? {…}. Cuando comenzamos a hacernos estas preguntas, la democracia se vuelve una cultura; mientras tanto, es un discurso…”.

Y, haciendo énfasis en el compromiso que la democracia requiere de las personas, el lúcido pensador colombiano agrega “Pero ¿qué es un ciudadano? Un ciudadano es una persona que es capaz de crear o modificar en cooperación con otros, el orden social que se quiere vivir, cumplir y proteger para la dignidad de todos. No nos hace ciudadanos ir a votar ni que nos elijan para un puesto público dentro del gobierno. Esos son derechos ciudadanos. Lo que nos hace ciudadanos es la capacidad de construir, en cooperación con otros, el orden social en que queremos vivir, para la dignidad propia y la de todos. Esto es lo mismo que participar. Pero participar no es estar en una reunión, ni estar en un grupo, ni tampoco contestar una encuesta. Se participa en la medida en que se puede modificar y transformar el orden social para la dignidad de todos. Por eso la democracia es una continua auto fundación del orden. La libertad no es posible si no hay orden, pero el único orden que da libertad es el que uno mismo construye.”

Como se puede advertir, la participación (y dentro de ella el ejercicio de los controles cívicos al ejercicio del poder político) resulta clave para que la Democracia pueda transitar de su faz formal a la faz sustancial. La Democracia no puede quedar reducida a un simple juego de validación de relaciones de poder. El gran desafío que enfrentan las Democracias Constitucionales apunta a desarrollar conductas cívicas que ayuden a que el modelo de valores permee en todos los niveles de la cultura de una sociedad para lo cual se hace imprescindible la participación ciudadana y el control al poder público en todas sus variantes.

La participación ciudadana y el adecuado control al ejercicio del poder son factores claves que permiten dotar de contenido al sistema jurídico — político que nos rige. La participación cívica y la activación permanente de las herramientas de control son el complemento ideal y sirven de pilares a la Democracia (ideal de autogobierno popular) Constitucional (ideal regulativo para limitar adecuadamente el ejercicio del poder público).

Tal como enseña el prestigioso constitucionalista mexicano Diego Valadés, “En una democracia funcional el control del poder involucra a todos los órganos del poder e implica que el ejercicio de éste sea: verificable para que se pueda comprobar lo que cada quien ha hecho; responsable para que se pueda sancionar a quien infrinja su deber; razonable, para que no se impida el cumplimiento de la función ajena; evaluable, para que se pueda medir la efectividad del cumplimiento de las asignaciones; renovable para que no se interrumpa la capacidad creativa de las instituciones; revisable, para que se puedan corregir los errores; y equiparable, para que no haya predominancias que perjudiquen el único interés supremo, que es el de los ciudadanos”

En esa línea, además de los controles institucionales derivados del mecanismo de frenos y contrapesos, la democracia ha ido evolucionando hacia nuevas formas de control y participación que ampliaron notablemente la perspectiva con respecto a las lúcidas ideas plasmadas por los Federalistas en la constitución americana de finales del siglo XVIII.

Si bien en plena efervescencia de la era tecnológica no resulta fácil (ni conveniente) encasillar o encorsetar a los mecanismos de control de los que dispone la ciudadanía para incidir en la calidad de la democracia, existe una clasificación interesante a la cual aludimos sintéticamente a continuación por considerarla sumamente didáctica y pedagógica para empoderar a la ciudadanía crítica.

Controles internos:

Los llamados controles internos están dados por los mecanismos institucionalizados en la propia Constitución como derivación y desarrollo de los checks and balances que los padres fundadores idearon para reducir el riesgo de abusos en el ejercicio del poder.

El profesor Valadés explica que el control al ejercicio del poder público “supone dos niveles distintos de acción: por un lado, los que el poder se auto aplica y, por otro, los que resultan de la actividad ciudadana. A la primera modalidad se la puede denominar controles internos, que se producen con diferentes grados de concentración o desconcentración. Los más concentrados son los que se ejercen dentro de un mismo órgano, y los más desconcentrados son los que se ejercen entre los órganos de un Estado federal…”.

Entre las herramientas de control interno diseñadas orgánicamente y comunes a cualquier Democracia Constitucional pueden citarse, entre otras: el Juicio Político, la interpelación, la rendición de cuentas, el voto de censura, la pérdida de confianza, la revocatoria de mandato, la interpelación, el control de constitucionalidad, el veto a proyectos de ley, el establecimiento de mayorías calificadas para tratar o aprobar ciertos temas, la participación de al menos dos poderes del Estado para decretar ciertas medidas que afectan a la libertad como el estado de excepción o el toque de queda, las instancias supranacionales de protección de Derechos Humanos, la pérdida de investidura, las comisiones parlamentarias de investigación, el pedido de informes, entre otras muchas herramientas pensadas para que los poderes se sientan sujetos a control permanente y se puedan transparentar las decisiones públicas.

Controles externos

Si acaso es cierto que la Democracia puede/debe ser asociada al gobierno de la gente o si acaso se considera importante darle entidad a esa ficción jurídico — política, resulta clave reforzar y/o añadir instancias de participación y control que den mayor protagonismo a la ciudadanía que muchas veces, sea por estrechez institucional del diseño representativo, sea por falta de voluntad política para ensanchar instancias de protagonismo cívico, sea por apatía propia de la población, reduce la participación al ejercicio del voto que se da cada cierto periodo de tiempo para validar relaciones de poder.

Precisamente, son los mecanismos externos de control los que mejor ayudan a dejar en evidencia a los burócratas indolentes cuya ligereza y nulo compromiso con la Democracia se agrava porque se saben inescrutables, lo que les brinda el marco de opacidad en el que operan a costa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El voto, como conquista cívico — política por excelencia, es fundamental pero insuficiente si lo que se quiere es alentar el protagonismo de la gente más allá del quehacer de los representantes o de los burócratas en general. Resulta que, tal como se halla perfilado desde hace más de doscientos años, el voto se reduce a un ejercicio monosilábico y esporádico (valga la rima) que se limita a validar una relación de poder alentada por estructuras partidarias o electorales que se preocupan menos en generar inclusión genuina que en copar espacios públicos para provecho personal o sectario. El Poder Judicial, como brazo ejecutor de la clase política, es paradigmático en ese sentido tal como lo grafica con elocuencia lo sucedido con el Profesor Beto Riart.

La ciudadanía plena se ejercita únicamente si, amén de concurrir a las urnas, nos involucramos en el debate propiciando espacios desde los cuáles se le pueda hacer saber a los indolentes burócratas que ejercitan el poder público desde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial que no nos toman del pelo impunemente. Salir a las calles, congregarse en las plazas, generar foros de discusión, contribuir con artículos y publicaciones de opinión, motivar a la sociedad, etc., etc., son formas democráticas tanto de ejercitar los controles como de hacer valer la dignidad frente a los embates del poder.

Para expresarlo en los términos utilizados por el filósofo Amador Fernández — Savater en su libro “Capitalismo Libidinal”, la clave pasa por convertir nuestro malestar en energía de transformación. De nada sirve la crítica victimista y resentida pues lo que se requiere es potencia afirmativa y de transformación. El ciudadano debe aprender a relacionarse con el malestar de otra manera, desde otra perspectiva.

El ejercicio no solo resulta necesario para fortalecer la musculatura cívica de la comunidad sino que, dadas las dificultades que asedian a las democracias modernas, deviene necesario si entendemos que el modelo de sociedad abierta resulta más conveniente para el ser humano que los proyectos de poder alternativos que discurren sobre la opacidad y la verticalidad autoritaria edificadas sobre premisas de corte oracular que son materializadas por quienes pretenden gobernar o imponer decisiones públicas a la manera de “guardianes platónicos” o “auxiliadores mágicos”.

Pero aún si el desencanto que reina en las sociedades hace que la ciudadanía descrea de las claves de participación que brinda la Democracia Constitucional, en última instancia, no podemos rehuir del mandato de nuestras consciencias. Por tanto, al menos desde allí, estamos obligados a preguntarnos qué nos queda ante tanta desesperanza; qué hacer ante tanta desesperanza!!. Y, desde ese lugar, hagamos de tripas corazón para encontrar fuerzas en las palabras del poeta Mario Benedetti cuando se preguntaba “Qué les queda a los jóvenes”:

¿Qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de paciencia y asco?
¿sólo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo?
también les queda no decir amén
no dejar que les maten el amor
recuperar el habla y la utopía
ser jóvenes sin prisa y con memoria
situarse en una historia que es la suya
no convertirse en viejos prematuros

¿qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de rutina y ruina?
¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas?
les queda respirar / abrir los ojos
descubrir las raíces del horror
inventar paz así sea a ponchazos
entenderse con la naturaleza
y con la lluvia y los relámpagos
y con el sentimiento y con la muerte
esa loca de atar y desatar

¿qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de consumo y humo?
¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas?
también les queda discutir con dios
tanto si existe como si no existe
tender manos que ayudan / abrir puertas
entre el corazón propio y el ajeno /
sobre todo les queda hacer futuro
a pesar de los ruines de pasado
y los sabios granujas del presente.

Siguiendo al poeta, nuestras consciencias nos enfrentan al imperativo kantiano de la resistencia así que resistamos!

A pesar de los ruines del pasado y los granujas del presente, ejercitemos activamente la resistencia cuanto mas no sea, para transmitir un mensaje de esperanza a quienes, como el Profesor Beto Riart, sufren cotidianamente la ignominia de los burócratas indolentes.

El cantar de un Ruiseñor (Homenaje al Maestro Diego Valadés)

por Robert Marcial González. 2 de noviembre de 2024.

En medio de la desesperanza que se instala cíclicamente en determinados tramos de la historia de la mano de proyectos autoritarios que acechan y ponen en jaque las principales conquistas alcanzadas por las sociedades abiertas a través de la Democracia (v.g la libertad en todas sus formas, la tolerancia, el pluralismo, la inclusión, la dignidad, la igualdad, la defensa de los Derechos Fundamentales, la protección de las minorías, las limitaciones y los controles hacia toda forma de ejercicio de poder público, la participación ciudadana, etc), queda el consuelo de que la Humanidad comprometida con los valores HUMANISTAS (valga el juego de palabras), ha sabido encontrar siempre la manera de generar espacios virtuosos desde los cuáles se puede ejercitar con mayor eficacia la necesaria labor de micro resistencia sin la cual no sería posible consolidar la convivencia genuinamente democrática.

Ahora bien, no siempre se advierte (y menos aún se reconoce) que esas trincheras de micro resistencia no existirían sin la labor tesonera, incansable, comprometida y militante de un puñado de héroes discretos de espíritu Renacentista y vocación de servicio altruista, sin cuyo concurso, las sociedades sucumbirían fatalmente en las garras de los agoreros, todólogos y archimandritas que infiltran tanto los poderes públicos como las universidades, las sociedades intermedias o la prensa, buscando, primero, desmantelar las conquistas del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, para luego, instalar proyectos autoritarios a medida del delirio del mesías de turno y en exclusivo beneficio de un grupo minoritario de fanáticos reaccionarios motorizados exclusivamente por la pulsión de muerte.

Precisamente, uno de esos referentes incansables e imprescindibles que encarna todos los valores Humanistas y Renacentistas sobre los cuales se cimienta la Democracia (entendida como proyecto de vida comunitario entre iguales y no como un simple método aritmético de toma de decisiones orientado a validar relaciones de poder) es el Maestro mexicano DIEGO VALADÉS, emblema de la justicia social y denodado luchador por la dignificación de la comunidad en todos los órdenes.

Su personalidad multifacética como intelectual comprometido, comunicador, promotor cultural, docente, escritor, organizador de foros y espacios de reflexión donde se genera pensamiento crítico, formador de generaciones enteras de juristas y ciudadanos, soporte incondicional de jóvenes, colaborador activo en muchísimas Universidades del mundo entero, etc., podrían relevarme de cualquier mención adicional pues, en definitiva, el Maestro DIEGO VALADÉS, es, en términos borgianos, un gran HACEDOR… Un gran hacedor de felicidad colectiva que pregona con el ejemplo sin alardear nunca de todo lo que brinda en beneficio de la comunidad desde el servicio al prójimo…

No obstante lo anterior, a título de modesto pero sentido reconocimiento de gratitud (y aún a sabiendas de que, debido a la modestia propia que distingue a los grandes Maestros, mis cavilaciones podrían incluso llegar a incomodar al Profesor Diego Valadés), me permito sobre abundar en consideraciones para resaltar todavía más la labor cívico — política de un jurista de nota que desde hace más de seis décadas ilumina el camino de quienes entendemos que las sociedades se perfilan mejor si transitan la senda de la Democracia Constitucional.

En efecto, el Maestro DIEGO VALADÉS acaba de concluir su labor al frente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC). Un magnífico Encuentro Académico que congregó en la capital mexicana (específicamente en la UNAM) a más de un centenar de constitucionalistas de todo el mundo y del cual participaron más de 2500 personas, sirvió de colofón a su extraordinaria labor.

Desde el espacio dado por el IIDC, durante exactos 50 años (12 de los cuales ocupó la Presidencia del organismo) el Maestro DIEGO VALADÉS supo honrar el legado de los grandes referentes que lo precedieron al frente de la Institución. En tal sentido, no cesó en su empeño por generar cultura constitucional para los pueblos de América Latina y Europa. Desde su posición de liderazgo natural, orientó todos sus esfuerzos para robustecer la Democracia y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Contribuyó notablemente al fortalecimiento del sistema republicano entendido éste como un antídoto contra toda forma de poder concentrado, elevando su voz comprometida para denunciar con firmeza y sin titubeos los abusos y excesos que se cometen desde los gobiernos. Y, además, -mérito adicional de orden no menor en tiempos de narcisismo desenfrenado- fue capaz de llevar adelante su titánica labor manteniéndose al margen del canto de las sirenasque tanto fascina a un sector de la academia que vive ensimismada y que se solaza con la auto referencia egocéntrica y onanista que no hace sino operar sobre el mismo esquema lógico y conceptual que dicen combatir o al que afirman oponerse.

En “Matar a un Ruiseñor”, obra maestra de la literatura, la célebre escritora Harper Lee le dio voz a uno de los personajes más entrañables de la historia: Atticus Finch. En un pasaje de la obra, Atticus Finch enfrenta la intransigencia de la comunidad afirmando que “El verdadero valor no lo encarna un hombre con una pistola. Uno es valiente cuando, sabiendo que la batalla está perdida de antemano, lo intenta a pesar de todo y lucha hasta el final. Uno vence raras veces, pero alguna vez vence”.

Maestro VALADÉS: Desconozco si fue Harper Lee la que se espejó en usted para dar vida a Atticus Finch o si fue usted quien se espejó en Atticus Finchpara proyectar su enorme legado al frente del IIDC. Empero, simbiosis virtuosa o alquimia prodigiosa al margen, los muchos ciudadanos comprometidos que seguimos resistiendo los embates autoritarios cometidos a diario por las cúpulas de poder, aún a sabiendas de que determinadas batallas cívicas o culturales están perdidas de antemano, le agradecemos de corazón que siga guiando nuestros pasos elevando su voz clara, potente, comprometida, valiente y coherente en defensa de los valores de la Democracia Constitucional.

El cantar de los Rapsodas y los Ruiseñores del Constitucionalismo Democrático, constituye una herramienta fundamental e imprescindible en la ardua tarea de enfrentar los tiempos recios en que vivimos.

POLíTICAMENTE PERVERSO Y CONSTITUCIONALMENTE ILEGíTIMO

por Robert Marcial González. 10 de octubre de 2024.

Las devaluadas democracias del tercer mundo comparten muchos lugares comunes: fragilidad institucional, violencia estructural, desprecio hacia las reglas de juego y hacia la cosa pública (res — pública), cultura política marcada por la prebenda, el servilismo y la obsecuencia, vigencia de la lógica schmittiana “amigo — enemigo”, capitalismo de secuaces, Poderes Judiciales orgullosamente sometidos y entregados a la clase política, Cortes Supremas y Parlamentos actuando como brazos ejecutores de la facción de poder de turno, etc.

De ese modo, con alarmante frecuencia, los actos de fuerza y de prepotencia cometidos sea por quienes ejercen el poder público, sea por las aplanadoras mayoritarias, sea por los aparatos ideológicos que representan los intereses de los poderes fácticos, suelen imponerse e incluso blanquearse merced a la complicidad de los sicarios políticos que copan los cargos de relevancia en la estructura orgánica del Estado.

Si bien en el contexto coyuntural que vive el Paraguay se multiplican los ejemplos que confirman lo afirmado precedentemente, en esta ocasión, vamos a centrarnos exclusivamente en la ley que acaba de ser impuesta a punta de garrote por la facción cartista y que busca, indisimuladamente, justificar la persecución a disidentes y anular los conductos previstos para que la ciudadanía organizada participe y controle a la clase dirigente. La ley votada por la facción cartista fue presentada bajo el título de Ley de “Control, transparencia y rendición de cuentas de las Organizaciones sin fines de lucro”.

La ley aprobada es políticamente perversa y constitucionalmente ilegítima. Veamos:

Constitucionalmente ilegítima por varias razones. Destaco solamente tres:

i) La justificación de la ley se edifica sobre falacias: No es cierto que la sociedad civil organizada rehúya los controles, evada la transparencia o evite rendir cuentas. En efecto, en el orden jurídico paraguayo, existen un sin número de leyes que regulan mecanismos orientados a garantizar transparencia y también existen muchas instituciones encargadas de ejercitar y controlar a las organizaciones sea cual fuere el modelo jurídico que les dé entidad (sociedades, asociaciones, fundaciones, clubes, iglesias, etc.). Por tanto, a los controles internos propios previstos en los Estatutos respectivos, se le suman los controles externos dados por los estamentos estatales que controlan inscripciones, facturaciones, gastos, ingresos, egresos, cumplimientos de exigencias como la seguridad social, el pago de impuestos (IVA, IRP, etc), la realización de auditorías, la constitución de las directivas, la realización de Asambleas, etc. Remito al lector interesado a un artículo y una entrevista extraordinarios en los que Manuel Riera Domínguez profundiza con lucidez en estos aspectos:

a)(https://manuelrierad.medium.com/sociedad-civil-679d19c2e3b5)

 b)(https://open.spotify.com/episode/5w1tC5DacVWHzEPSjEJZc2?si=MibdTgsARYSM2gYOQwywew).

ii) La ley se orienta exclusivamente en la persecución a disidentes:Llamativamente, la ley, cuyo propósito supuestamente apunta a transparentar y controlar, deja fuera de su órbita a los partidos políticos, los clubes de futbol y las iglesias. Ese detalle sería meramente anecdótico si no fuera por el hecho de que, al menos en el Paraguay, las operaciones más sonadas y exitosas que desmontaron estructuras criminales, involucran estrechamente a clubes de futbol, iglesias y partidos políticos. Piénsese en el provecho obtenido durante años por el narcotraficante internacional de nacionalidad uruguaya Sebastián Marset (ligado al futbol local), el contrabandista y lavador de dinero de nacionalidad brasilera Darío Messer (proclamado como “hermano del alma” por el actual Presidente del Partido Colorado), el Pastor evangélico paraguayo de apellido Insfrán (ligado a una Iglesia) y algunos narco parlamentarios referentes de peso en sus estructuras partidarias y sus clubes de futbol.

Sin embargo, llamativamente, todas esas asociaciones fueron excluidas de la esfera de control que pontifica la ley por la sencilla razón de que no se busca transparentar nada sino perseguir a las asociaciones civiles no alineadas al poder ya que estas representan una piedra en el zapato de la cúpula dirigente desde el momento en que se dedican, precisamente, a fomentar la participación ciudadana, fortalecer la institucionalidad democrática y a ejercitar controles cívicos sobre el manejo de la cosa pública mediante mecanismos de denuncia o través de la generación de espacios reflexivos en los que se fomenta el pensamiento crítico.

iii) La Constitución como límite al poder: Además de constituir el pacto cívico que organiza la convivencia pacífica en sociedad, las Constituciones son un antídoto contra toda forma de exceso en el ejercicio del poder público. De allí que las Constituciones se encarguen de organizar el poder público dividiéndolo y fraccionándolo. Acaso el principal prodigio de las Constituciones republicanas, es que reducen el riesgo de que el poder se acumule y se desborde. Para el efecto, las Constituciones prevén una serie de herramientas que tienen como declarada finalidad limitar el poder de quienes ejercen el poder valga el juego de palabras.

En términos gráficos, puede decirse que las Constituciones miran al ciudadano (a la sociedad civil organizada) y le dan la espalda al poder. Por ende, resulta un contrasentido total que una norma infra constitucional -como lo es la ley-, invierta los términos de la ecuación expandiendo ilegítimamente y de manera exponencial las atribuciones de quienes ejercen el poder público para legitimar el avance autoritario de la clase política contra la sociedad civil. La espuria ley aprobada por la facción cartista, hace que, de manera perversa y en trágica ironía, el controlado se convierta en controlador remitiéndonos a la tristemente célebre y nefasta Ley 209 (“De preservación de la paz pública”) con la cual la dictadura stronista — (1954–1989) legitimó durante años no solo la anulación de las voces disidentes en el Paraguay sino la tortura y la desaparición forzada de personas que combatieron al régimen.

A estas alturas de los acontecimientos y ante el reconocimiento desvergonzado realizado por los sicarios del cartismo que aprobaron la Ley aquí criticada, no hace falta ser muy lúcido para advertir hacia donde se dirige el Paraguay…

Políticamente perversa también por varias razones entre las que destaco simplemente dos:

i) La ley atenta contra el ideal regulativo que perfila la Democracia en el Paraguay: El régimen jurídico — político de un país puede regularse o perfilarse de muchas maneras en función a si se desea robustecer más o menos a la Democracia. En ese contexto, en el marco del debate público de antes y de ahora, existen voces que consideran que la Democracia se reduce a un juego electoral periódico donde se convoca a la ciudadanía a las urnas para que validen una relación de poder y, una vez depositado el voto, el juego político pasa a ser monopolio de los representantes quienes, so capa de contar con legitimidad de origen, pueden hacer y deshacer a su antojo. Ese ideal regulativo se conoce como “democracia representativa”. Como se puede advertir, si se perfila a la Democracia bajo ese ideal regulativo, la ciudadanía organizada pasa a convertirse en una suerte de convidado de piedra pues su participación se agota con el ejercicio electoral monosilábico que se realiza cada cinco años.

Frente a esa manera de concebir a la Democracia, se encuentran quienes entienden que el perfil debe ser más robusto de manera a que, por un lado, la clase política pueda ser controlada con mayor intensidad buscando que se legitimen en el ejercicio del mandato y, por otro, tratando de involucrar a la ciudadanía en la edificación de las decisiones públicas. Ese ideal regulativo se conoce como “democracia participativa”. De ese modo, la ciudadanía organizada cobra protagonismo en los asuntos públicos y en la construcción de una sociedad más abierta e inclusiva en la inteligencia que por esa vía, se puede suplir las omisiones del Estado generando una dinámica virtuosa que promueve espacios para que la gente salga de su zona de confort ejercitando la ciudadanía con mayor plenitud. Dicho de otro modo, ese ideal regulativo de la Democracia, busca que las personas no sean únicamente votantes o consumidores sino que se conviertan en ciudadanos plenos participando activamente en los espacios pensados para fortalecer la institucionalidad republicana o para generar inclusión en diversos niveles.

Pues bien, más allá de cuál sea el ideal regulativo al que cada uno de nosotros adhiera, lo cierto y lo concreto es que la Constitución de la República del Paraguay fue perfilada de manera robusta pues se decantó, en forma clara y expresa, por la Democracia representativa, participativa y pluralista. En términos sencillos, eso implica que toda la actividad legislativa de los poderes políticos o de la estructura pública, debe orientarse a honrar y fortalecer ese ideal regulativo y no otro.

En el caso concreto, aun asumiendo que los sicarios del cartismo actúen de buena fe (hipótesis negada por quien escribe estas líneas), la ley aprobada resulta políticamente perversa pues está orientada para anular, sojuzgar, limitar, impedir, someter y perseguir a los sectores de la sociedad civil organizada que en su día a día, buscar robustecer la frágil democracia estimulando la participación y el involucramiento en asuntos de interés público.

ii) La mala fe del cartismo quedó explicitada con los audios que se filtraron:En el seno de una Democracia, es legítimo -por deseable e inevitable- que se pueda ejercitar la discrepancia sobre todos los temas que interesan a la comunidad tanto a nivel individual como colectivo. Así encontramos que en el mundo occidental existen álgidos e interminables debates en torno al rol del Estado, la interrupción del embarazo, la tenencia de armas, la despenalización de las drogas, el servicio militar, las políticas igualitarias o las impositivas, el asistencialismo gubernamental, la última palabra constitucional, todo lo ya referido en torno a los ideales regulativos de la democracia, etc.

Sin embargo, existe un aspecto de base que, necesariamente, debe darse de manera unánime e inequívoca si se quiere dotar de legitimidad al debate público en todos los niveles: la buena fe.

En el caso concreto, la ley aprobada deviene políticamente perversa pues quedó totalmente evidenciada que la facción que llevó adelante la iniciativa actúa con deliberada mala fe. Podría extenderme en consideraciones al respecto pero remito a la ciudadanía no solo al audio filtrado que fue reconocido por el inescrupuloso Senador que actúa como uno de los dos voceros del cartismo sino a todos los atropellos que, en poco más de un año de gobierno, ha cometido esa facción de poder con el indisimulado propósito de acallar voces disidentes, disciplinar a la sociedad y anular el pensamiento crítico. La ley aprobada es de una altísima perversión política desde el momento en que se trata de un mal calco de proyectos similares implementados con nefasto suceso en Venezuela o Nicaragua de hoy o en la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini en la primera mitad del siglo XX.

El filósofo español Fernando Savater enseña que existen dos parámetros inequívocos que reflejan y evidencian la calidad de una Democracia: el primero, es el trato y la consideración que la sociedad le brinda a sus Maestros; y, el segundo, la realidad de su sistema penitenciario. Agrego yo otros dos indicadores que reputo útiles y elocuentes: a) el respeto que la clase política le demuestra a los ciudadanos; y, b) el grado de acatamiento de la Constitución aun cuando los términos del contrato social no coincidan con nuestros intereses personales o nuestra concepción del poder.

Dolorosamente, el Paraguay está aplazado en todos esos indicadores. Y más dolorosamente aun, mientras la cúpula de poder cartista se siga fortaleciendo como producto de la vileza de sus sicarios parlamentarios y la pusilanimidad cómplice de las buenas personas que rodean al Presidente servil y abyecto que ocupa formalmente el Poder Ejecutivo, el Paraguay seguirá descendiendo hacia el mismo abismo sin retorno en el que cayeron fatalmente en su día sociedades como la venezolana de Chávez y Maduro, la nicaragüense de Ortega o la alemana de Hitler… Solo espero que Dios nos pille confesados…

Robert Marcial González

Asunción/octubre/2024.-