por Camilo Filártiga. 4 de octubre de 2024.
Definimos al sistema de partidos como el conjunto de agrupaciones políticas que compiten, cooperan y se relacionan entre sí en un sistema político determinado. Los partidos políticos constituyen un elemento indispensable para el funcionamiento democrático. Toda democracia moderna gira en torno a un sistema de partidos en el que, al menos, dos de ellos compiten libremente por el poder. (Payne, 2006)
Dicho lo anterior, el funcionamiento de un sistema de partidos dice mucho del régimen en el que opera. Un sistema de partido hegemónico o, peor aún, de partido único, es propio de regímenes autocráticos o totalitarios. Así como, sistemas bipartidistas o pluripartidistas, pueden dar cuenta de democracias dinámicas, competitivas, donde, la alternancia en el poder es una constante. La forma como los partidos cooperan y se relacionan es directamente proporcional a la calidad del régimen democrático.
En la literatura sobre partidos, el sistema de partidos paraguayo ha sido caracterizado junto a Colombia, Honduras y Uruguay como de tipo oligárquico, organizados de manera vertical, son multiclasistas y están guiados por élites sociales y políticas que se vinculan a electorados de clase baja por redes patrón-cliente. (Roberts, 2002)
Marcelo Cavarozzi, por su parte, ubica al Paraguay junto a México y Argentina, entre los casos en los cuales los partidos tradicionales no pudieron sobrevivir al derrumbe del sistema oligárquico (siglo XX), sucumbiendo finalmente al predominio de los militares. Este tipo de configuración se caracterizó por la presencia de hegemonías unipartidarias, es el caso del sistema paraguayo desde 1947 hasta 1989.
La etapa competitiva del sistema de partidos, inicia en 1989. En este período, el cambio de reglas electorales fue determinante para elevar los niveles de competitividad electoral. Desde la propia formulación constitucional de la “democracia representativa, participativa y pluralista”, hasta la inclusión de la representación proporcional, pasando por la obligatoriedad del voto en partidos y organizaciones intermedias, daban cuenta de una idea muy potente de dinamizar la faz electoral de la democracia y de promover una mayor pluralidad en la competencia política.
La constitución paraguaya de 1992 define la nueva institucionalidad electoral, con la creación del órgano rector electoral, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, estableciendo su conformaciòn y asignando a sus miembros similares criterios de elección y remoción previstos para los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Como bien indica Rafael Filizzola, en su reciente libro “Partidos Políticos, democracia y gobernabilidad”, La constitución permitió, en los años posteriores, avances importantes en materia de justicia independiente, procesos electorales más limpios, transparencia de la administración pública y acceso a la información. Filizzola resalta en este punto una idea central para la transición: la subordinación militar al poder civil fue una realidad debido a claras disposiciones constitucionales que tenían como objetivo desterrar los factores que habían impedido a lo largo de la historia la consolidación de una democracia.
Estas importantes reformas introducidas hizo que surjan – durante la última década del 90 y primera del 2000 – diversas organizaciones partidarias “independientes” a las tradicionales, que ocuparon de forma protagónica la competencia política, y lograron ofrecer una mayor pluralidad de opciones políticas al electorado. A criterio de algunos especialistas, se pasó de un sistema hegemónico excluyente a un pluripartidismo (Morínigo, 2020)
Esta tendencia se proyectó hasta el año 2013. Partidos o coaliciones del tercer espacio, bien organizados, en su mayoría, con una orientación ideológica definida, concentrados en la capital y algunas capitales departamentales, dependientes –en extremo- de liderazgos personalistas, con débiles vínculos en los territorios y en algunos casos, escasa estructura interna. Nunca amenazaron realmente la predominancia colorada, pero sí lograron ocupar bancas en el congreso y convertirse en fuerzas nada despreciables en algunos momentos.
Este panorama del sistema partidario nacional ha cambiado en las elecciones 2018 y, sobre todo, en estas últimas, donde se registra un viraje nuevamente, hacia la predominancia excluyente del Partido Colorado en la competencia política, con partidos de oposición con débil representación legislativa y -casi inexistente vida interna partidaria- nuevos partidos del tercer espacio –desorganizados, sin idearios claros ni liderazgos predecibles- sustituyeron a partidos que tenían disciplina legislativa, liderazgos tradicionales y un hoja de ruta más previsible.
La aparición de nuevas fuerzas políticas como Cruzada Nacional y Yo creo o el movimiento Ciudadanía Activa, tienen en común su origen territorial, los primeros en el Este del país, disputando con éxito el poder local a los colorados y liberales y el tercero en Encarnación ciudad capital del departamento de Itapúa, cuya gobernación está a cargo de una alianza de partidos de oposición liderada por el PLRA. Estos fenómenos deben tenerse presentes para analizar la compleja conformación actual de ese bloque cada vez más heterógeneo, llamado oposición. Estas fuerzas políticas, sin embargo, siguen siendo todavía incipientes y muy débiles en cuanto a su estructura interna, dependientes en extremo de liderazgos personalistas.
El crimen organizado y el narcotráfico financiando de manera abierta campañas políticas y poniendo a sus “capangas” en cargos de representación, ensombrecen todavía más el panorama y obligan a revisar de manera sistémica los mecanismos de control del financiamiento político, ya no como parches aislados (2012-2018-2020) sino con una lectura conjunta del funcionamiento de todo el sistema electoral, esfuerzo que es urgente y debe ser abordado por las fuerzas políticas a fin de garantizar medianamente la integridad de los futuros procesos electorales.
Este artículo fue publicado originalmente en el Diario Última Hora el 23 de septiembre de 2024