por Robert Marcial González. 9 de Julio de 2024.
En un lúcido estudio que lleva por título “La verdad y las formas jurídicas”, Michel Foucault describe con maestría algunos de los mecanismos históricamente utilizados con eficacia por el poder para imponer su lógica invasiva e irrefrenable y para consolidar proyectos de corte autoritario. Como estudioso consagrado al fenómeno del poder, Foucault extendió sus esfuerzos al análisis riguroso de todas las expresiones de poder institucionalizado que son consustanciales a nuestra humana condición: político, económico, religioso, familiar, etc., pues le inquietaba y mucho que los ciudadanos vivamos sometidos al capricho y la voluntad de grupos coyunturales fascinados por la lógica autoritaria.
Así, con mucho rigor, Foucault logró evidenciar que cuando los sistemas autoritarios logran desmontar todos los mecanismos de control al poder y consiguen su objetivo de anular las voces críticas de la sociedad, sus brazos ejecutores, en cruel paradoja, se valen del derecho o de la normativa infra Constitucional para anular los DERECHOS consagrados a nivel supra legal o de rango Constitucional.
Es exactamente lo que acaba de ocurrir en el Senado del Paraguay con la aprobación de un proyecto ley de corte orwelliano que, so pretexto de apuntar al control y la transparencia de las asociaciones civiles sin fines de lucro, justifica que el Estado, a través de sus agentes y operadores, censuren, anulen y eliminen las iniciativas desplegadas por la sociedad civil organizada para contribuir tanto a mejorar la calidad de la democracia como a controlar el ejercicio del poder público.
La preocupación al respecto (o al menos mí preocupación al respecto) sería moderada si no fuera por el hecho cierto que representa que esta nueva decisión de la mayoría coyuntural al servicio del cartismo (no del bien común, no del Paraguay, no de la sociedad, no de la comunidad sino exclusivamente al servicio del Sr. Cartes), se enmarca en una serie de acciones políticas que vienen desplegándose desde hace 11 meses y que apuntan, indisimuladamente, a anular las voces críticas, acallar a disidentes, a eliminar toda forma de debate o a evitar cualquier forma de control al poder público y al poder económico que imperan en el Paraguay y lo han convertido en epicentro del crimen organizado y del lavado de dinero.
Si bien las habituales cavilaciones cívicas que comparto con la ciudadanía no albergan esperanzas de que los serviles (seres — viles) genético — vocacionales al servicio del modelo autoritario que se apoderó del Paraguay modifiquen sus estándares de abyección, sí apuntan a generar pensamiento crítico a partir de algunas inquietudes existenciales cuanto más no sea, para que en el futuro cercano, pueda rendirle cuentas a mis hijos el día en que me interpelen acerca de cómo fue que llegamos al punto de la anulación absoluta de los valores que sostienen a la Democracia Constitucional.
En ese contexto, estimo relevante apuntar que, la clase política en general y la oposición (colorada y no colorada) en particular, pareciera que pierden de vista que todo proyecto de ley que ponga en tensión o afecte garantías fundamentales como el derecho de asociarse, el derecho a dedicarse a una actividad lícita, el derecho a participar activamente en la comunidad, el derecho a pensar, el derecho a desarrollar un proyecto de vida propio, el derecho a repeler la invasión estatal de los ámbitos privados o de las esferas no públicas o particulares, el derecho de coadyuvar al desarrollo comunitario a través de la cooperación local e internacional, el derecho a establecer mecanismos de control externos al ejercicio del poder público, el derecho de suplir la inacción de un Estado que hambrea a su gente o que la somete a la más vergonzosa indignidad, etc., etc., etc., debe responder satisfactoriamente a una serie de interrogantes vinculadas a calibrar si las leyes en debate serán funcionales al poder o, por el contrario, si serán funcionales a las garantías ciudadanas pues, a riesgo de incurrir en una perogrullada, la sociedad no debe perder de vista que si una ley está perfilada para servir al poder, automáticamente le da la espalda al ciudadano; mientras que si la norma se orienta a servir al ciudadano, automáticamente limita el margen de acción de quienes ejercen el poder público.
¿A quién servirá o a quién beneficiará la ley? ¿Servirá al poder, a un grupo de poder político o al ciudadano? ¿Ampliará los márgenes de actuación estatal o permitirá que el ciudadano amplíe el marco de libertades preferidas? ¿Restringirá derechos civiles y políticos en favor del Gobierno de turno o dará un espaldarazo para robustecer el esquema de derechos vinculados al ejercicio pleno de la ciudadanía comprometida? ¿Logrará transparentar el manejo de la cosa pública o favorecerá la opacidad que el poder necesita para ganar impunidad? ¿Se asemejan a las leyes que eran aprobadas durante la dictadura o, por el contrario, son leyes que buscan reforzar garantías ciudadanas consolidando un orden jurídico tributario de valores como la libertad y la igualdad? etc., etc. etc.
El abordaje coherente de esas interrogantes no solo orienta y estimula el debate sino que permite definir la orientación ideológica o filosófica de aquellas personas que, con más o menos buena fe o con más o menos nivel de consciencia, terminan perfilando el Estado (los límites y la utilidad del Estado) con sus decisiones o posiciones públicas. Vale apuntar aquí que, guste o no guste, la Constitución define al Paraguay como un Estado Social de Derecho por lo que las decisiones políticas deberían orientarse a consolidar y robustecer ese modelo republicano y no otro.
En el caso concreto de la ley aprobada por el Senado para anular los mecanismos con los que cuenta la sociedad civil organizada para abonar la democracia por fuera de las estructuras partidarias, surge claro que las respuestas a todas esas interrogantes de base, muestran que los parlamentarios serviles al poder no han hecho otra cosa más que favorecer a los aparatos ideológicos de represión que los Estados totalitarios buscan implantar para instalar el pensamiento único y la verdad oficial. Esa misma verdad oficial que tanto daño ha causado a la humanidad a lo largo de la historia…
La alarmante situación que aqueja al modelo jurídico — político del Paraguay preocupa ya no potencial sino realmente. Las señales de regresión autoritaria que hoy incluso ya tienen ropaje de ley, son muchas y se implementan de manera coordinada ante la pasividad lacerante de la oposición y la apatía inaceptable de la sociedad en casi todos sus niveles. Los agentes parlamentarios serviles al poder, se esmeran por agradar al capo mafioso que encarna sus ideales así que solo se darán cuenta del mal que causan a la democracia (y a ellos mismos) cuando ese mismo líder inescrupuloso y truhan a quien hoy endiosan, pose sus botas sobre sus cabezas ni bien dejen de ser los idiotas útiles que hoy ayudan a entretejer la soga con la que el proyecto autoritario instalado busca ahorcarnos a todos.
Los seres viles que hoy están en el poder saben muy bien que todos los regímenes políticos totalitarios de derechas y de izquierdas surgidos históricamente (nazismo, fascismo, estalinismo, chavismo, castrismo, stronismo, pinochetismo, etc.) lograron sus objetivos despojando a los ciudadanos de sus derechos y garantías aprobando leyes nefastas. Leyes nefastas orquestadas maquiavélicamente para desmontar las garantías previstas en las Constituciones republicanas para que los ciudadanos se mantengan a resguardo de los excesos y las invasiones ilegítimas del poder en todas sus formas. Los seres viles que hoy están en el poder, cuentan además con un ejército de lacayos serviles a ese mismo poder que, aprovechando la indolencia y la indiferencia del Presidente formalmente electo en el Paraguay, están consolidando el proyecto autoritario funcional a los intereses del presidente de facto del Paraguay.
¿Frente a eso, qué? sería la pregunta (o al menos una de las interrogantes) de orden cívico que deberíamos abordar como sociedad democrática. Personalmente, me resisto a creer que el genial Maestro Helio Vera tenía razón cuando, en uno de sus célebres micro — tratados de sociología autóctona, advertía acerca de la presencia de un hueso perdido en la nuca que obligaba al paraguayo a humillar siempre la cerviz ante el patrón de turno.
Me resisto a creer que los paraguayos no hayamos aprendido de nuestro pasado político reciente y remoto signado por el autoritarismo, la persecución a disidentes y la anulación del pensamiento crítico. Me resisto a creer que frente a todas las señales de autoritarismo basadas en relatos hegemónicos que infunden el odio y la intolerancia para instalar el pensamiento único y la verdad oficial, la sociedad civil organizada, los medios de comunicación, los gremios, los empresarios, los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, las Universidades, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado y las mismas Oenegés que hoy ya fueron alcanzadas por las fauces del significativamente corrupto, seguirán limitando su acción cívico — política a soporíferos discursos que nadie entiende o a quejas lastimeras que no hacen mella alguna en la curtida piel de los verdugos de nuestra democracia.
Tal vez llegó el momento de replantear seriamente nuestro enfoque cívico y de repasar las bondades de nuestros mecanismos de acción política, pues, no es legítimo que sigamos asistiendo impasibles al patético espectáculo circense montado por los serviles al poder para agradar a su patrón a partir de una puesta en escena que viene desmantelando la democracia dando ropaje de ley a lo que indisimuladamente viene a erigirse como un garrote pensado para perseguir disidentes y evitar así, los saludables controles externos sin los cuales no es posible consolidar un proyecto de vida comunitario basado en valores como la LIBERTAD, la IGUALDAD y la FRATERNIDAD…